Contra el país se está cometiendo un pecado cuyas consecuencias apenas estamos comenzando a ver.
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La propiedad privada sí es sagrada
¿Qué significa que la propiedad privada es sagrada? Quiere decir que dentro de un ambiente institucional donde prevalece el Estado de Derecho y se reconoce la importancia fundamental de los derechos de propiedad, estos no pueden ser vulnerados por ninguna autoridad, cualquiera sea su rango, de forma arbitraria. El respeto a la propiedad privada constituye uno de los instrumentos más poderosos para fijarle límites a la acción caprichosa del Estado y para fomentar la riqueza por parte de los ciudadanos. La Constitución del 99 establece procedimientos precisos en los cuales, por causa de utilidad pública, el Estado puede expropiar o confiscar determinados bienes. En casos excepcionales puede entenderse que los intereses nacionales o de una colectividad adquieran prioridad frente a los de un propietario particular. Tal circunstancia puede darse ante la necesidad de construir un metro o un ferrocarril, o autopistas, represas, carreteras, aeropuertos u hospitales, destinados a beneficiar a millones o a miles de personas. Pero esto es muy distinto a lo que está ocurriendo en Venezuela, donde estamos en presencia de abuso de poder, jaquetonería y despojo, vicios que nada tienen que ver con el uso de la legalidad para favorecer los intereses de grandes mayorías.
Cada atropello a la Polar, a los padres de Valentina e Inés Quintero, a Franklin Brito, a Diego Arria, a Eduardo Gómez Sigala o cualquiera de los miles de pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, o de pequeños, medianos y grandes industriales o comerciantes, es una iniquidad que genera incertidumbre y desconfianza, y ahuyenta a los inversionistas domésticos o extranjeros que cuidan con celo el patrimonio que poseen.
La agresión a los derechos de propiedad sin duda que lesiona a los grandes empresarios, pero, no son precisamente estos los más perjudicados. El desafuero afecta con particular virulencia al campesino, al trabajador informal, al obrero, al empleado. El andamiaje legal construido por el régimen circunscribe la propiedad solo a su uso, goce y disfrute, excluyendo la disposición, nuez del derecho de propiedad en todos los países prósperos del mundo. Por esa vía, como dice Teodoro Petkoff, los campesinos se han convertido en pisatarios a los que se les entrega una “Carta Agraria”; los residentes de inmuebles construidos o financiados por el Gobierno, en adjudicatarios; y hasta los regentes de los puestos en los mercados del municipio Libertador, en simples expendedores, pues ahora esos establecimientos dependen del Ayuntamiento. Ninguno de esos ciudadanos puede disponer del bien que posee para venderlo, hipotecarlo, utilizarlo como aval de un crédito o dejarlo en herencia a sus descendientes. La propiedad se evaporó.
Este Gobierno, en su absurdo afán por reescribir la historia desde que se inventó la rueda en adelante, niega las evidencias históricas que demuestran que en la protección y preservación de los derechos de propiedad, se encuentra una de las clave para entender por qué unos países son desarrollados y otros atrasados; por qué unas sociedades son ricas y otras pobres; y por qué unas naciones crecen con equilibrio y equidad, mientras otras se hunden en la miseria y la desigualdad.
Contra Venezuela se está cometiendo un pecado cuyas consecuencias apenas estamos comenzando a ver.
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