Por su parte, Obama está logrando transmitir la sensación de que las fronteras son seguras gracias a la política de vigilancia que desplegó en su primer mandato.

Los senadores que integran el llamado “comité de los ocho”, cuatro demócratas y cuatro republicanos, están ultimando estos días la redacción del nuevo proyecto de reforma migratoria. El líder demócrata del grupo, el senador por Nueva York Charles E. Schumer, se muestra optimista y cree que se podría conseguir un texto consensuado a finales de esta semana. Pero el senador hispano Marco Rubio, republicano, subraya que todavía hay discrepancias.

Rubio y los otros tres republicanos (entre ellos, el veterano John McCain) no quieren dar un paso en falso. Es cierto que, por un lado, cuentan con el respaldo de la cúpula del G.O.P. Tras la derrota en las elecciones de noviembre, en las que Obama salió reelegido con más del 70% del voto hispano, el Comité Nacional del Partido Republicano ve con claridad que debe flexibilizar su postura en este debate para volver a la Casa Blanca. Esto incluye dar una oportunidad a los 11 millones de sin papeles para que puedan regularizar su estatus y, tras un largo proceso, adquirir incluso a la ciudadanía. 

El efecto disuasorio de las medidas de vigilancia en las fronteras y el desempleo en EEUU han frenado la inmigración ilegal

Pero, por otro, los republicanos del “comité de los ocho” andan con pies de plomo para evitar que sus colegas más recalcitrantes bloqueen la reforma en la Cámara de Representantes. McCain todavía tiene demasiado fresco el varapalo que sufrió en 2007 otra iniciativa bipartidista que él promovió. La reforma fue frustrada por los representantes republicanos, que vieron en el proceso de regularización propuesto entonces una amnistía general para los sin papeles.

Ambas partes del “comité de los ocho” coinciden en que se debe regularizar la situación de los 11 millones de inmigrantes ilegales, si bien han discrepado sobre los plazos de acceso a la ciudadanía.

Según las últimas informaciones, se establecería un proceso de regularización con distintos pasos. Primero los indocumentados tendrían que registrarse ante la Administración; tras la comprobación de sus antecedentes, deberían pagar una multa y los impuestos federales atrasados; con esto obtendrían un permiso de residencia que les autorizaría a trabajar y a obtener el carné de conducir. Al cabo de diez años en esta situación legal podrían obtener el permiso de residencia permanente (“green card”), para lo que deberían superar una prueba de inglés y conocimiento de la historia del país. Al cabo de otros tres años podrían optar a la ciudadanía.

Otros puntos que están debatiendo los ocho senadores son: la creación de nuevos visados de trabajo para inmigrantes altamente cualificados y otros –en función de las necesidades económicas del país– para trabajadores agrícolas y poco cualificados; la reducción de visados para la reunificación familiar; el aumento de controles en la frontera; y la creación de una comisión formada por líderes políticos de los estados fronterizos que juzgue si se cumplen esos controles. 

Hay consenso sobre la necesidad de regularizar a los inmigrantes ilegales, pero se mantienen discrepancias sobre los plazos y requisitos

Se reactiva el flujo de ilegales

Los republicanos no son los únicos que han movido ficha en este debate: antes que ellos lo hizo Obama. Durante su primer mandato, el presidente llevó a cabo una política restrictiva con la que ha logrado frenar el flujo migratorio de México a EE.UU. y aumentar la seguridad en las fronteras: más de 21.000 agentes federales, 300 torretas y 9 drones vigilan un muro de 1.047 kilómetros.

En 2012 casi 410.000 sin papeles fueron deportados, un 25% más que en 2007 cuando gobernaba Bush. En 2011 las detenciones de aquellos que tratan de cruzar la frontera de forma ilegal cayeron a 340.000, la cifra más baja en 40 años. Tanto los expertos del Migration Institute Policy como los del Pew Hispanic Center atribuyen este descenso al efecto disuasorio de las medidas de vigilancia.

Pero algunos republicanos restan importancia a la mano firme de Obama: citan un informe publicado por el gobierno en diciembre de 2011 en el que se dice que la Patrulla Fronteriza solo logró detener al 61% de los que entraron de forma ilegal en el país. También argumentan que, en cuanto mejoren las oportunidades económicas de EE.UU., volverá a reactivarse la llegada de sin papeles.

A favor de esta tesis juegan los últimos datos publicados por la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, realizada por el Tomás Rivera Policy Institute (Universidad de Carolina del Sur) y El Colegio de la Frontera Norte. Tras cuatro años de descenso consecutivo (entre 2008 y 2011), el flujo migratorio ilegal de México a EE.UU. ha vuelto a subir. En el primer trimestre de 2012 el aumento es del 42%, y en el segundo del 14%. De todos modos, el informe advierte que todavía es pronto para saber si se ha producido un cambio de tendencia.

Mientras el “comité de los ocho” discute los detalles de la reforma, diversos grupos conservadores como el American Action Forum y la Hispanic Leadership Network se están movilizando para tratar de convencer a las bases republicanas de que el nuevo proceso de regularización no es una amnistía para los sin papeles.

Desde que se aprobó en 1986 la Immigration Reform and Control Act, por la que 2,7 millones de indocumentados lograron papeles (de ellos, algo más de un millón ya son ciudadanos estadounidenses), se han aprobado otras leyes que han producido pequeñas oleadas de regularización: la Chinese Student Protection Act de 1992; la Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act de 1997; y la Haitian Refugee Immigration Fairness Act de 1998.