La discutida “directiva retorno” se ha convertido en la nueva política común de la Unión Europea. La directiva prevé, entre otras cosas, la ampliación del tiempo que transcurre entre la detención de los sin papeles y su regreso a los países de origen o la prohibición de entrar en la UE durante los siguientes cinco años a su vuelta.

369 votos a favor y 197 en contra
En un principio los populares y liberales eran los únicos que se habían posicionado a favor de la directiva, aunque pudieran reconocer eventualmente que tenía algunos fallos. La formación Izquierda Unitaria, que presentó varias enmiendas que fueron rechazadas, pronto comprobó que muchos partidos nacionales, sobre todo los de los países que más sin papeles han recibido, consideraban acertado el sentido de la nueva norma. El Partido Socialista, que gobierna en España, se negó a presentar enmiendas.

La contradicción en las filas del PSOE es pública y manifiesta, a medio camino entre los intereses reales y lo que pretenden representar. Así, mientras la delegación socialista española ha votado a favor, los eurodiputados Josep Borrell y Raimon Obiols votaron en contra, mientras que Martí Grau i Segú se abstuvo. 

Los últimos datos que publicó en su informe de ayer el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) podrían haber influido en el consenso que alcanzaron los ministros de Interior de la UE. Serían ya más de 37 millones de personas los desplazados y refugiados en todo el mundo y en los últimos dos años se habría roto su tendencia a reducirse. Estas cifras hacen presagiar el fuerte crecimiento de las migraciones a Europa.

Los Verdes fueron los que más dudaron del respeto a los derechos fundamentales por parte de esta nueva directiva. Consideraban que su aprobación podría significar “la expulsión de ocho millones de personas”. Por otro lado, los socialistas intentaron que se aprobasen sin éxito enmiendas.
 
En nombre del PSE, la vicepresidenta de la cámara Martine Roure restó importancia a la división dentro del grupo socialista y aseguró entender la postura de sus compañeros que votaron a favor porque creían que aprobar ese texto “era mejor que no tener nada”. Sin embargo, tanto ella como el eurodiputado italiano Claudio Fava arremetieron duramente contra la directiva, que calificaron como “una aberración”.

El retorno es la prioridad

Lo que prevé la nueva política de la Unión es, fundamentalmente, garantizar la vuelta de los inmigrantes sin papeles a sus países de origen y evitar que vuelvan a intentar introducirse en la UE en menos de cinco años.

La primera medida sería aumentar el tiempo que transcurre entre la detención y el regreso a 18 meses para que las fuerzas de seguridad no se vean obligadas a liberarlos sin haberlos identificado y sin haber llegado a un acuerdo de repatriación con sus estados de procedencia.

Otra de las soluciones que prescribe la directiva es hacer que los inmigrantes expulsados no puedan volver a pisar la Unión Europea antes de cinco años. La clave, apunta un experto a Diario Exterior, estaría en que la mayor parte de los sin papeles que residen ilegalmente en Europa entran no a través de las pateras, como se cree convencionalmente, sino mediante las terminales internacionales de los aeropuertos.

Por último, la nueva política de inmigración de la UE permite que los menores no acompañados sean repatriados sin su familia, se les pueda reagrupar con tutores que no sean familiares directos o incluso poner bajo la tutela de las instituciones de su país.