Miguel Ángel Rodríguez
Las personas que sufren delitos en su contra, y quienes los temen con razón, a causa de su proliferación y también de la información detallada que diariamente difunden los medios de comunicación, demandan mayor seguridad. Los dirigentes políticos tratan de responder a esta demanda popular. Ley y orden se convierten en temas que atraen votos. Y desde el centro, la derecha o la izquierda, los partidos compiten en sus ofertas de ley y orden. Con mucha razón las personas sienten que los gobiernos tienen como principal función garantizarles su tranquilidad; las personas de menos recursos son las más expuestas a los robos y hurtos, asaltos y lesiones en sus casas o en las calles, pues no pueden costearse sistemas de protección o servicios de guardas. De modo que no es de extrañar ni la demanda de los ciudadanos ni la respuesta de los políticos.
En concreto, la solución que se encuentra en muchos casos consiste en incrementar las penas y buscar una aplicación ejemplarizante de la ley, pues es la más sencilla y la menos costosa inicialmente. Ante un crimen espeluznante, ¿quién no siente satisfacción con la mayor pena posible para el infractor? ¿Quién no se rebela contra la noticia de que quien ha sido apresado in fraganti en un asalto está al día siguiente en libertad?
Por otra parte, las teorías sociológicas funcionalistas, y las teorías penales de Günther Jakobs vinieron a dar soporte a una concepción de la pena diferente. Esta no es ya la retribución exigida a quien ha roto el equilibro social e incumplido las normas, sino que más bien tiene una finalidad preventiva por ser ejemplarizante. Claro, siempre se ha tomado en cuenta la función disuasiva de la pena para el delincuente potencial. Pero no se trata de hacerlo aún a costa de condenar a un inocente. Y eso puede ocurrir con mayor facilidad si se deja de lado la visión cristiana y liberal de la sociedad que prioriza a la persona, y se da una posición más relevante al conjunto social. En las concepciones basadas en la persona, su dignidad y su libertad, vemos al gobierno como un instrumento para monopolizar la coacción y evitar la violencia de todos contra todos. Y en resguardo del interés de las propias personas, el poder del gobierno debe ser limitado y controlado. Dentro de esa otra visión alternativa, se considera al gobierno como algo bueno por sí, y no en términos de su utilidad para las personas, y además se considera que la finalidad de la pena es la defensa de la norma misma y una misión preventiva general: restablecer la confianza de la comunidad en el derecho vigente, afirmar la confianza en la regla y dar certeza a las consecuencias de su violación.
En América Latina dominaron hasta hace pocos años gobiernos despóticos, principalmente militares, y ahora rigen sistemas democráticos que sin embargo aún no han podido satisfacer las demandas cotidianas de la población. En nuestras sociedades en general, han crecido la industrialización y la urbanización creando conglomerados poblacionales más impersonales, con mayor concentración y menos relaciones primarias, y también han crecido la pobreza, la exclusión y la marginalidad. No es pues de extrañar que hayan encontrado eco las teorías sociológicas funcionalistas y el jakobismo penal que aparentemente resuelven las necesidades de ley y orden sin las limitaciones que deben surgir del respeto a la libertad y a la dignidad de las personas, a sus derechos fundamentales, y a la presunción y defensa de la inocencia.
La vida en sociedad ha evolucionado con la historia del hombre para separarnos de las conductas basadas en la fuerza, y orientarnos hacia las conductas basadas en el respeto a los derechos inherentes a la dignidad de las personas y a su libertad. Para quienes tenemos una convicción religiosa, esa dignidad proviene de ser la persona hecha a la imagen de Dios, y ser en consecuencia cada una un fin en sí misma. Esta concepción se opone a la visión totalitaria y colectivista, que como el jakobismo, ven a la sociedad en su conjunto como la única fuente de los derechos, y a cada persona como una pieza al servicio de los valores y propósitos sociales. Como un elemento que vale en relación a la función que presta al todo, y no como un hijo de Dios con dignidad propia y un fin personalísimo.
La evolución hacia la libertad personal nos ha permitido ir, poco a poco, eliminando la esclavitud, la servidumbre, los estados absolutistas. Pero es una marcha difícil y en la cual se dan frecuentes retrocesos. En el siglo XX vivimos las peores formas de totalitarismo nacionalsocialista, comunista y fascista; de gobiernos que han seguido la teoría de la “seguridad nacional” en América Latina para justificar sangrientas represiones; de genocidios y de todo tipo de dictaduras en otras partes del mundo. El terrorismo de los últimos años ha servido de justificación para recrudecer los enfoques que irrespetan los derechos humanos. Todavía en este siglo XXI se dan fundamentalismos que irrespetan los más elementales derechos humanos, y se dan también formas de discriminación y abuso, por ejemplo contra las mujeres, que nos hacen recordar las más groseras aberraciones del pasado de nuestra humanidad. Incluso en las más avanzadas sociedades conviven elementos más bien propios de una visión totalitaria, como el jakobismo.
Una tentación totalitaria se esconde tras el ropaje del nihilismo que pretende reducir la vida de las personas y las instituciones sociales a meros agregados de acciones dadas en la historia, sin relación alguna con valores.
En esa visión no cabe la defensa de los derechos humanos, sino que se justifica cada acto por sus consecuencias, y en caricatura, por sus consecuencias inmediatas y directas que en muchos casos son las únicas que podemos percibir. Como resultado se sacrifica la integridad de principios como los derechos humanos, que son la defensa contra los abusos de quienes recurren a cualquier medio para obtener sus fines.
Por eso es esencial mantenernos siempre vigilantes y defendiendo las libertades públicas, los derechos humanos, las garantías constitucionales y procesales, que como respuesta al llamado de nuestras conciencias, como fruto de la concepción de la persona como ser digno creado a imagen de Dios, y por experimentación social, por prueba y error, han venido desarrollando nuestras sociedades para huir de la barbarie, del abuso de los más poderosos y de la arbitrariedad de los gobernantes. No podemos por buscar seguridad ante la delincuencia, sacrificar la libertad y los derechos humanos. La barbarie es la respuesta al sacrificio de esos valores.
Hoy me es más clara aún la importancia de defender el estado de derecho por experimentar en carne propia el oprobio de su violación. Ni la pequeña Costa Rica con sus avances en derechos humanos y democracia es inmune a esos retrocesos. Dieciséis meses después de haber renunciado a la OEA para venir voluntariamente a defenderme ante los tribunales de Costa Rica, y tras haber perdido sin justificación alguna mi libertad por un año, aún no hay acusación formal en mi contra y debo enfrentar la condena mediática.
Han violado mis derechos fundamentales y no he encontrado aún reparación en la vía constitucional. Me han exhibido y denigrado, me hicieron perder la posibilidad de poner en plena vigencia un programa de reestructuración para la OEA que había recibido el apoyo de los 34 estados que por unanimidad me habían electo, y no he tenido oportunidad de defensa. Mis vivencias me fortalecen en la convicción de luchar por la plena vigencia del estado de derecho.
Miguel Ángel Rodríguez, es Presidente de Costa Rica y ex Secretario General de la OEA
