En estos días la situación se ha tornado verdaderamente grave para la seriedad y el prestigio de la justicia costarricense por las acciones y omisiones del Ministerio Público. Ya no sólo se violan los derechos humanos sino que, además, se exhibe una patética incapacidad.

Miguel Angel Rodríguez
En mi libro DI LA CARA (páginas 225 y 226, publicado ya hace más de seis meses, narro como, cuando a solicitud del Ministerio Público el Juzgado Penal declara el caso ICE-Alcatel de tramitación compleja, también le fija el plazo de un año adicional para concluir la investigación. Pues bien, incluida la fecha de una adición y aclaración que, de nuevo a solicitud del propio Ministerio Público, efectuó ese Juzgado del II Circuito de San José el 16 de marzo de 2006, venció ese año adicional para la investigación el 16 de marzo de 2007 sin que presentase la fiscalía ni la solicitud de sobreseimiento ni la acusación.

Ante preguntas de Noticias Repretel de Canal 6 presentada en su edición de las siete de la noche, el Ministerio Público contestó el 20 de marzo recién pasado por medio de la Oficina de Prensa del Poder Judicial que “no conocen de ningún plazo dado por un juzgado penal para investigar y presentar la acusación correspondiente”. El propio Fiscal General afirmó, en contestación a pregunta de La Prensa Libre del 24 de los corrientes: “No es cierto que exista un plazo; se está manteniendo un contexto de la línea judicial y una vez que se haga la solicitud al juez tenemos que contestar en tres días, a más tardar. Es mentira que el Ministerio Público tenga plazo establecido para tramitar la acusación.”

¿Cómo pueden el Ministerio Público y el propio Fiscal General afirmar no conocer la resolución del Juzgado Penal del Segundo Circuito adoptada en respuesta a una solicitud de esa misma entidad, y peor aún decir que es mentira su existencia? Frente a tal desparpajo me veo obligado a señalar expresamente las resoluciones judiciales que el Fiscal General afirma que no existen.

Veamos los hechos. El 23 de febrero del año 2006 la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios del Ministerio Público solicita se declare en esta causa el procedimiento de tramitación compleja, a fin de gozar de mayores plazos y prerrogativas en su favor. El tres de marzo siguiente el Juez Miguel Rolando Brenes Prado por resolución de las quince horas acoge esa solicitud y, además de ordenar la tramitación compleja, fija “el plazo de un año para concluir la investigación preparatoria”( véase el Por Tanto de esa resolución). Esa resolución fue aclarada en respuesta a solicitud del propio Ministerio Público a las dieciséis horas del dieciséis de ese mismo mes de marzo reiterándose el establecimiento de ese plazo. De ese término informó la prensa y el periódico La República lo hizo con el revelador titular: “Investigación deberá concluir en marzo de 2007. Juzgado presiona a Fiscalía en caso ICE-Alcatel”. En esa información expresamente señala la información de La República: “La Fiscalía tiene hasta la primera semana de marzo de 2007 para concluir la investigación del caso ICE-Alcatel, en el cual se indaga una serie de políticos, entre ellos el ex presidente Miguel Angel Rodríguez, …La resolución del Juzgado Penal surge en respuesta a una solicitud del Ministerio Público para ampliar el tiempo de indagación bajo la figura de tramitación compleja.”

Repito mi interrogante: ¿cómo puede no cumplir con ese término el Ministerio Público y, peor aún, cómo puede afirmar que es mentira?

Mis defensores solicitaron desde el siguiente día hábil el sobreseimiento, o sea no seguir más la causa pues no se puede continuar por incumplimiento del plazo para finalizar la investigación, tal como lo dispone el artículo 172 del Código Procesal Penal. Ahora el Fiscal General dispone de diez días para presentar o no la acusación, pero si lo hace será por la presión de la propia defensa, demostrando una vez más la manera impropia como se ha venido dirigiendo el Ministerio Público, sin capacidad ni siquiera para cumplir con los términos establecidos por los jueces. Y eso que han trascurrido ya casi dos años y medio de una investigación que se le presentó al país como terminada y contundente desde octubre de 2004. En aquellos días plagados de odio y prejuicio se clamó al cielo para que yo renunciara y volviera urgentemente al país. Si eso era así hace casi dos años y medio ¿cómo es posible que no pueda el Fiscal General conducir el órgano a su cargo para, al menos, cumplir con el termino fijado por el Juzgado Penal del II Circuito de San José para concluir esta investigación? ¿Cómo es posible que el Fiscal General ignore las notificaciones que en asunto al que ha dedicado tanto teatro y espectacularidad resuelven y le notifican los jueces a la dependencia que él dirige?