Moratinos presentó ayer en Bruselas su propuesta sobre diversidad lingüística para que las lenguas cooficiales españolas sean reconocidas como “oficiales y de trabajo” y exigió a los Veinticinco unanimidad ante el cambio. A nivel interno, la Generalitat Valenciana mostró su disgusto con la fórmula empleada.

EL GOBIERNO VALENCIANO, EN CONTRA
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, presentó ayer
oficialmente su memorándum sobre diversidad lingüística en España ante Bruselas.
Envuelto en la polémica casi desde su nacimiento, el memorándum propone que los
ciudadanos valencianos, catalanes, vascos y gallegos tengan la posibilidad de
dirigirse a las instituciones de la Unión Europea en sus respectivas lenguas
maternas, además de en castellano. Esto incluye el derecho a petición para los
ciudadanos en las lenguas cooficiales, la interpretación a estas lenguas durante
los plenos del Parlamento Europeo así como en el Comité de las Regiones si lo
solicitan los eurodiputados, y la traducción de algunos textos, cuyo coste
asumirá España.

Si bien la propuesta que presentó ayer Moratinos no es
tan ambiciosa como la de otros países como Irlanda, sí pretende lograr para las
lenguas cooficiales españolas una mayor representatividad en las instituciones
comunitarias, más importante de la que tiene actualmente. Eso sí, el ministro de
Exteriores español dejó claro que España no reclamará “la plena oficialidad”
debido a la oposición que esto supondría entre los socios europeos.

El
memorándum español sobre diversidad lingüística propone que las lenguas
cooficiales sean reconocidas como “oficiales y de trabajo” y exige la unanimidad
de los Veinticinco para proceder a un eventual cambio. Cambio que, según
defendió ayer Moratinos, pasa por el cumplimiento de cuatro puntos clave:

-El derecho de petición de los ciudadanos para que puedan dirigirse en su
lengua materna “a las autoridades comunitarias, al Defensor del Pueblo Europeo,
al presidente del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo”.
-La
petición de que eurodiputados y presidentes autonómicos puedan expresarse en
lenguas cooficiales en los plenos del Parlamento Europeo y del Comité de
Regiones. Los primeros deberían avisar con antelación suficiente (15
días).
-La traducción a estas lenguas de los documentos que son adoptados por
codecisión legislativa entre el Consejo y el Parlamento Europeo.
-La
inclusión de estas lenguas cooficiales en el Programa Lingua, que gestiona la
Comisión Europea y que permite dar apoyos financieros para el fomento y
protección de lenguas minoritarias.

El objetivo español pasa por que la
modificación del citado reglamento se consiga en junio de 2005 bajo presidencia
luxemburguesa. Este reglamento lingüístico es el único en la UE que no requiere
una propuesta previa de la Comisión Europea.

Para evitar posibles
reticencias de los países que no quieran que un mayor número de lenguas
oficiales implique una factura de traducciones más gravosas a pagar entre todos,
España se compromete a correr con los gastos que estas nuevas lenguas puedan
acarrear al presupuesto de la UE, así como a enviar los traductores e
intérpretes necesarios.

La Generalitat
Valenciana no está de acuerdo

A partir de este momento, se abre
en Europa un largo y complicado debate, mientras en España la polémica, lejos de
aplacarse parece reavivarse. Y es que el documento presentado por Miguel Angel
Moratinos, y que provocado la polémica en la Comunidad Valenciana y Cataluña,
repite la fórmula acuñada en las últimas semanas para calmar la situación.
Cuando se refiere a las lenguas cooficiales en España, el memorándum habla de
“el euskera, el gallego y la lengua que se denomina catalán en la Comunidad
Autónoma de Cataluña y en la de las Islas Baleares y que se denomina valenciano
en la Comunidad Valenciana”.

La Generalitat Valenciana ya se ha
pronunciado al respecto y considera que este tratamiento “no es suficiente”. De
tal manera, que ya ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal
Supremo el memorándum para el reconocimiento en la UE de las lenguas cooficiales
en España porque “no satisface íntegramente el interés de los valencianos”.