El chivatazo a ETA que conocemos como el “caso Faisán” está poniendo en un serio aprieto al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde hace semanas, el Partido Popular lo interroga en el Parlamento para llegar al fondo de la cuestión, cuya gravedad no tiene precedentes en la larga lucha contra el terrorismo. ¿Ordenó Rubalcaba el chivatazo? le preguntaba el diputado Gil Lázaro en el Pleno del Congreso de los Diputados. ¿Recibió órdenes superiores para hacerlo? ¿Necesita una condena judicial para asumir responsabilidades políticas? decía Ignacio Cosidó.

 

            “Lo que usted no puede hacer, señor ministro, es quedarse callado. Tiene la obligación de responder y decir la verdad sobre qué sucedió con ese chivatazo a ETA”. Este es el requerimiento.  La sensación más extendida es que el soplo se decidió al más alto nivel para proteger la negociación con los terroristas (alguien lo ha llamado la paz sucia). Eso explicaría que no se haya promovido ninguna investigación interna en el seno del ministerio del Interior ni que se haya abierto ningún expediente a funcionarios policiales imputados por gravísimos delitos. Eso explicaría, también, que el fiscal se empeñe en echar tierra sobre el asunto o que el juez haya mantenido este tema oculto en un cajón durante tres años.

 

            Rubalcaba no muestra ninguna voluntad de aclarar este suceso que repugna a la opinión pública. Afortunadamente, la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional ha decidido investigar este asunto y eso permite pensar que se va a llegar a conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Si por Rubalcaba fuera, nada de nada.