El régimen argelino, debido a las aureolas de cambio que se han producido en la región magrebí, se enfrenta a uno de sus mayores desafíos: responder a las exigencias de una sociedad hastiada por la falta de oportunidades laborales y de perspectivas en uno de los países más ricos de África.
El petróleo y el gas constituyen la fuente por excelencia de riqueza en el país, sin embargo, la ciudadanía se lamenta de las precarias condiciones socio-económicas que les asiste, además de los abusos de poder y la corrupción por parte de los que ostentan posiciones gubernamentales. Los escándalos en torno a los casos de corrupción por parte de la empresa Sonatrach que explota, canaliza y comercializa el petróleo argelino condujo al procesamiento de toda su cúpula, lo que agravó, aún más, la confianza de los inversores extranjeros para penetrar en el país.
Consciente de que el país es un hervidero de indignación social dispuesto a estallar en una contestación popular similar a la acaecida en Túnez como ya ocurrió, de hecho, durante el mes de enero del pasado año, el régimen trata de ilusionar, una vez más, a los jóvenes, que son la mayoría de la población, con promesas de cambios a partir de los próximo comicios legislativos previstos para el mes de mayo.
El Estado tiene ahora la oportunidad de convencer a la población sobre las reformas que pretende poner en marcha y apagar una mecha que permanece encendida y cuya propagación dependerá de la voluntad gubernamental de celebrar unas elecciones libres y de mejorar la vida de los argelinos sirviéndose de los importantes recursos naturales que ofrece el país. El creciente desempleo se debe a la poca diversificación de la actividad comercial que se concentra sólo en los hidrocarburos. De no cumplir las expectativas de la población, el régimen ahogaría aún más el déficit de credibilidad que sufre y podría traer como consecuencia la radicalización de la juventud dispuesta a emprender una nueva ola de protestas.
Por último, si el Estado quiere evitar la continúa deriva de la juventud hacia la emigración clandestina o hacia el terrorismo yihadista que sigue siendo una de las grandes amenazas del régimen, tendrá por tanto que responder urgentemente para
conseguir la estabilidad del país. Los argelinos guardan en su retina las imágenes dolorosas del conflicto entre el régimen y los islamistas que provocaron la muerte de unas 200.000 personas en los años 90 y ni la población y muchos menos la Comunidad Internacional quisiera revivir un nuevo estallido bañado de sangre.
* Documento elaborado por Beatriz Mesa para la Fundación Iberoamérica Europa, en archivo adjunto puede leerse el texto completo.
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