El plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Gaza marca un punto de inflexión tras dos años de guerra entre Israel y Hamás. Su enfoque pragmático, transaccional y centrado en resultados visibles le ha permitido reactivar canales de diálogo y resituar a Estados Unidos como mediador indispensable, aunque el equilibrio entre la presión necesaria para seguir avanzando y la legitimidad ante las partes sigue siendo frágil.
El debilitamiento del entramado de influencia iraní –desde sus milicias aliadas en Siria hasta sus socios políticos y armados en el Líbano y Yemen–, el cansancio militar de Israel y la devastación humanitaria en Gaza han contribuido a la percepción de que continuar la guerra en la Franja era una apuesta perdedora. Esa convergencia de intereses, sumada al temor árabe a una nueva desestabilización regional, ha facilitado un poco habitual alineamiento entre Washington, Egipto, Qatar, Turquía y Arabia Saudí para intentar para impulsar un alto el fuego sostenible y encauzar un proceso político hacia la paz.
El plan de Trump representa un paso en la dirección correcta. Combina las dimensiones humanitarias y de desarrollo con las de seguridad y políticas. Establece un marco para integrar los papeles internacionales y árabes en el restablecimiento y el apoyo a la estabilidad en Gaza. También abre la puerta a una solución política de la cuestión palestina, aunque la vincula a la reforma de la Autoridad Nacional Palestina y no especifica ningún contexto ni calendario para ello.
En última instancia, el plan pone a prueba la capacidad de todas las partes implicadas para alcanzar un consenso y asumir responsabilidades, lo que pone de relieve la necesidad de gestionar con cautela el conflicto en el contexto de los complejos equilibrios internos, regionales e internacionales.
