Sólo será efectiva si la eléctrica entrega un aval de mil millones
La titular del Juzgado, Miriam Iglesias, ha dictado un auto en el que ordena suspender la tramitación de la opa de Gas Natural sobre Endesa, además de la ejecución del contrato suscrito entre Gas Natural e Iberdrola.

La suspensión cautelar está supeditada a que la compañía eléctrica aporte un aval de 1.000 millones de euros en el plazo de diez días “para responder de posibles daños y perjuicios derivados de la adopción y mantenimiento de las medidas cautelares acordadas”.

El auto tiene su origen en una demanda presentada por Endesa contra Gas Natural e Iberdrola. El demandante apeló al artículo 81 del Tratado de la Unión Europea para pedir la nulidad del acuerdo entre las dos sociedades con el argumento de que fue concertado antes de la presentación de la OPA. Por ello, demandó la suspensión cautelar de la tramitación de la OPA y del acuerdo entre la gasista y la eléctrica.

El artículo 81 del Tratado de la Unión Europea prohíbe todos los acuerdos entre empresas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto “impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común”. En particular, cita acuerdos “para repartirse mercados o fuentes de abastecimiento”.

La juez admite que la paralización de la opa supondría un grave perjuicio para Gas Natural si finalmente la demanda no prospera. Rechaza el argumento de Endesa, que sostenía que los efectos serían inocuos “porque si la demanda se desestima quedarían en la misma posición que al inicio”.

Gas Natural no propuso una cantidad específica para el aval, según el auto de la juez, pero sí precisó que “los perjuicios podrían ser de cuantía equivalente al de la opa” (unos 20.000 millones de euros). A su vez, Endesa aceptó presentar un aval de un millón.