Hay imágenes que expresan la realidad mucho mejor que cualquier discurso. Tras el terremoto del 24 de junio en Venezuela, vimos a vecinos retirando escombros con las manos desnudas, médicos trabajando con recursos mínimos, familias buscando desesperadamente a sus seres queridos y voluntarios haciendo lo que el Estado no pudo hacer. En cuestión de horas, una realidad que los venezolanos conocían desde hacía años quedó al descubierto: el llamado “estado actual” fracasaba cuando más se necesitaba.
Eso me hizo pensar que Venezuela, de hecho, ha sufrido dos terremotos. La más reciente fue causada por la naturaleza. El anterior comenzó en 1999, cuando el chavismo llegó al poder, prometiendo construir un Estado fuerte y protector capaz de resolver todos los problemas de la sociedad.
El evento sísmico duró solo unos segundos, mientras que el shock ideológico ha durado más de un cuarto de siglo. Mientras uno derribó edificios, el otro ha debilitado poco a poco la economía, las instituciones, la confianza pública y, sobre todo, la libertad.
Durante años, el régimen insistió en que el Estado debía estar en todas partes. Expropió empresas, nacionalizó industrias, controló precios, reguló los mercados, gestionó la producción, distribuyó alimentos, construyó viviendas y concentró un poder cada vez mayor en manos del gobierno.
Pero mientras el estado crecía, el país se reducía.
Miles de empresas privadas desaparecieron, la capacidad productiva se destruyó, la inversión se desplegó y la infraestructura se deterioró gravemente. Los hospitales comenzaron a funcionar con enormes escaseces, y los servicios públicos dejaron de funcionar correctamente. La corrupción, por su parte, acabó consumiendo recursos que deberían haberse utilizado para preparar al país para situaciones como la que enfrenta hoy.
El terremoto del pasado miércoles no solo sacudió las placas tectónicas de la Tierra; también exponía todo lo que el chavismo había pasado años intentando ocultar, aunque sin mucho éxito. La mejor prueba de ello son los más de ocho millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país en busca de libertad y mejores oportunidades.
Cuando, tras el desastre, llegó el momento de actuar, Venezuela carecía de equipos de rescate suficientes, maquinaria pesada, hospitales debidamente equipados, suministros médicos y capacidad logística para afrontar una tragedia de tal magnitud. Una vez más, el país tuvo que depender de la ayuda internacional para hacer lo que un Estado debería haber podido garantizar por sí mismo.
Ese es el verdadero fracaso del modelo socialista venezolano. No importa cuántas empresas controle ni cuántas regulaciones imponga. Un Estado demuestra su fortaleza cuando es capaz de proteger la vida de sus ciudadanos en sus momentos más difíciles. Y cuando llegó ese momento, simplemente no estaba a la altura de la tarea.
Hay otra coincidencia que es imposible de ignorar. En diciembre de 1999, solo unos meses después de que Hugo Chávez llegara al poder, Venezuela sufrió la tragedia de Vargas, uno de los peores desastres naturales de su historia. Pero a diferencia de ese desastre, esta vez Venezuela es mucho más pobre, con hospitales deteriorados, infraestructuras abandonadas, negocios destruidos y millones de jóvenes que han emigrado. Hoy, el estado es infinitamente más grande en el papel, pero mucho más débil en la realidad. Esa sea, quizás, la mayor contradicción del socialismo venezolano.
Prometía un estado capaz de resolverlo todo, pero acabó creando un estado incapaz de cumplir incluso sus funciones más básicas.
Hay otro aspecto que no puede pasarse por alto. Durante años, el chavismo presentó el programa de vivienda Gran Misión Vivienda Venezuela como uno de sus mayores logros políticos. Tras el terremoto, empezaron a circular imágenes e informes de viviendas construidas bajo ese programa que sufrían graves daños e incluso se derrumbaron. Las investigaciones técnicas determinarán la responsabilidad en cada caso, pero si se confirma que muchos de esos edificios fracasaron por mala calidad de construcción, nos enfrentaremos a una metáfora dolorosamente reveladora de lo que ocurrió en Venezuela: cuando el Estado sustituye a la competencia, elimina la supervisión independiente y convierte las obras públicas en propaganda política, la calidad deja de ser una prioridad.
Y al final, como suele pasar, lo barato acaba siendo muy caro. En este caso, demasiado caro, porque no se trata de dinero, sino de vidas.
A menudo se dice que los mercados fallan y por eso se necesita más gobierno. Pero se dice mucho menos sobre los costes del fracaso gubernamental.
Cuando un constructor privado rinde mal, se le hace responsable ante la ley, pierde clientes o cierra el negocio. Cuando es el Estado el que tiene un mal desempeño, rara vez alguien es responsabilizado. La cuenta siempre la paga la gente.
Por eso creo que el terremoto del 24 de junio deja una lección que va mucho más allá de Venezuela. Los desastres naturales no pueden prevenirse, pero las tragedias humanas pueden empeorar —o ser menos graves— dependiendo de la calidad de las instituciones de un país.
La diferencia entre una catástrofe y una tragedia prolongada a menudo no radica en la magnitud del terremoto, sino en la capacidad de respuesta de la sociedad. Y esa habilidad no aparece de la noche a la mañana. Se construye a lo largo de muchos años a través de instituciones sólidas, respeto por la propiedad privada, la inversión, las infraestructuras, el crecimiento económico y un Estado centrado en cumplir sus funciones esenciales en lugar de controlar todos los aspectos de la vida de las personas.
La mayor tragedia de Venezuela no fue solo el terremoto del 24 de junio. Era descubrir que, tras veintisiete años construyendo un estado que quería hacerlo todo, ese mismo estado ya no era capaz de hacer lo que más importaba: proteger, rescatar y cuidar de su propio pueblo.
Una vez más, la realidad demostró lo contrario.
es investigador principal en el Independent Institute, director de su Centro sobre Prosperidad Global y editor de su sitio web en español ElIndependent.org.
