Cuando el gobernador Jon Corzine introducía en vigor la legislación que rechaza la pena capital en Nueva Jersey el lunes, hubo una considerable lista de personas para las que tuvo buenas palabras.

Jeff Jacoby
En el curso de lo que el New York Times llamaba “un discurso extenso y a menudo apasionado”, Corzine elogiaba a los miembros de la Comisión de Estudio de la Pena de Muerte que habían recomendado la abrogación.

Elogió la “valerosa dirección” de los legisladores estatales que habían votado a favor de ello, mencionando por su nombre a ocho. Agradecía a New Jerseyans for Alternatives to the Death Penalty, un grupo activista, por “haber presionado a aquellos de nosotros al servicio público para movilizarnos y hacer lo correcto”. Se proclamó “eternamente agradecido” a las demás organizaciones anti-pena de muerte, especialmente la Conferencia Católica de Nueva Jersey y la ACLU. Reconocía a “los millones de personas por toda nuestra nación y por todo el mundo que rechazan la pena de muerte”. Observaba educadamente que “hay buenas personas” que apoyan la pena capital y se opusieron a la ley. Hasta citó a Martin Luther King Jr. Pero había algunas personas que a Corzine se le olvidó mencionar. El gobernador olvidó a Kristin Huggins. Es la diseñadora gráfica de 22 años secuestrada en 1992 por Ambrose Harris, que la acomodó en el maletero del coche de ella, la dejó salir para violarla, y le disparó dos veces — una vez en la nuca, una vez a bocajarro en la cara. El gobernador olvidó a Irene Schnaps, una viuda de 37 años hecha pedazos por Nathaniel Harvey en 1985. Tras irrumpir en su apartamento y robarle, la mató con 15 golpes en la cabeza utilizando una herramienta “como un martillo” con tal violencia que fracturó su cráneo, le rompió la mandíbula y le saltó todos los dientes.

El gobernador olvidó a Megan Kanka, que solamente tenía siete años de edad cuando fue asesinada por un vecino, Jesse Timmendequas. Agresor sexual convicto, Timmendequas metió a Megan en su casa con engaños ofreciendo enseñarle un cachorro. Después la violó, la aplastó contra un ropero, envolvió su cabeza con bolsas de plástico y la estranguló con un cinturón. De hecho, el gobernador olvidó mencionar a todas las víctimas fallecidas a manos de los hombres en el corredor de la muerte de Nueva Jersey. Introdujo una enmienda que reduce las penas de los asesinos a cadena perpetua, y aseguró a su audiencia “que estos individuos nunca volverán a caminar libres en nuestra sociedad”. Pero no dijo ni una palabra acerca de cualquiera de los hombres, mujeres y niños que nunca volverán a caminar de ninguna manera — o sonreír, o soñar, por respirar — porque sus vidas les fueron arrebatadas brutalmente por los asesinos a los que favorece la nueva ley.

Así es como son las cosas con mucha frecuencia con los detractores de la pena capital como Corzine: en su celo por proteger al culpable vivo, olvidan a los inocentes que han muerto. Su conciencia está inquieta con la pena capital, pero solamente cuando se aplica legalmente a los asesinos condenados tras el proceso que marca la ley.
 
La “pena capital” mucho más común — la impuesta ilegalmente sobre tantas víctimas de asesinato, con insensible crueldad a menudo — no perturba sus conciencias ni remotamente igual. Sus conciencias tampoco parecen tener demasiados problemas con las vidas adicionales que se pierden cuando la pena capital es eliminada. Una creciente relación de estudios  (algunos de académicos que personalmente se oponen a la pena capital) han concluido que cada vez que se ejecuta a un asesino, entre tres y 18 homicidios más se ven disuadidos.

Por mencionar solamente uno de estos estudios, los profesores Dale Cloninger y Roberto Marchesini, de la Universidad de Houston, estudiaron el efecto de la moratoria a la pena capital declarada en el 2000 por el gobernador de Illinois George Ryan y la posterior conmutación de la pena por parte de Ryan a cada uno de los reclusos en el corredor de la muerte.

Resultado: alrededor de 150 crímenes más en Illinois durante los 48 meses posteriores. Nueva Jersey no ha ejecutado a nadie desde 1963, así que la nueva ley será en gran medida simbólica. Pero no hay nada de simbólico en toda la sangre derramada desde que la pena capital se abandonara hace 44 años. En 1963 hubo 181 homicidios en Nueva Jersey.

Antes de 1970, la cifra anual de fallecidos en crímenes violentos había superado los 400, y antes de 1980 brincaba los 500. La cifra ha fluctuado, pero funcionarios del estado calculaban en el 2002 que de media, cada 25 horas y 41 minutos se comete un asesinato en Nueva Jersey. Mientras que la tasa de homicidios desde el 2000 ha disminuido modestamente por todo el país, “ha crecido bruscamente un 44% en Jersey, pasando de 3,4 crímenes por cada 100.000 habitantes a 4,9”, escribe Steven Malanga del Manhattan Institute.

“El incremento en los homicidios de Jersey ha sido el sexto más elevado del país”. Eso podría explicar el motivo de que el 53% de los residentes del estado se opongan a la abrogación de la pena capital, según la nueva encuesta Quinnipiac,  mientras que el 78% prefiere conservarla para “los casos más violentos”. Quizá ellos capten la verdad que elude a los políticos de Trenton: cuando la pena capital no es una opción, mueren más víctimas inocentes.