Casi todos los Cancilleres de los países de nuestra región concurrieron a la Asamblea General de la OEA recientemente celebrada en Cancún, México.

Hablamos de 34 altos funcionarios, con excepción del Secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, que no asistió sugiriendo así que América Latina, incluyendo a Venezuela, no es una prioridad para la administración que preside Donald Trump.

El tema central de la reunión debió haber sido precisamente el de la peligrosa situación en Venezuela, hoy el gran problema de la región. Caótico y dramático, a la vez. Y así fue, efectivamente.

Pero como la organización adopta sus decisiones por mayorías especiales, nada sustancial había que esperar que emergiera de la reunión comentada sobre ese complicado tema. Para ello se requería poder contar con 23 votos, esto es con dos tercios de los 34 votos de la organización, lo que no es simple.

Una propuesta licuada, que requería dejar sin efecto la tramposa convocatoria por parte del oficialismo venezolano a una Asamblea Constituyente naufragó al obtener apenas veinte votos a favor. Con ocho abstenciones y cinco votos en contra. La mencionada resolución fracasada llamaba asimismo, como era de esperar, a la pacificación de Venezuela, convocando para ello al “cese de inmediato de los actos de violencia y las hostilidades cometidas por cualquiera de las dos partes”.

Ello ocurrió pese a que muchos de los Estados Miembros de la OEA se pronunciaron expresamente por la urgente necesidad de convocar a elecciones anticipadas en ese país, como la mejor alternativa para evitar que estalle una ola de mayor violencia.

Los países colonizados por el chavismo evitaron cualquier pronunciamiento negativo para Nicolás Maduro. Me refiero a Nicaragua, Bolivia, Ecuador y a El Salvador, así como a algunas islas caribeñas a las que Maduro seduce fácilmente con ventas subsidiadas de petróleo crudo y otros productos refinados. Comprando así, inequívocamente, su voto y su voluntad.

Venezuela, pese a todo, preocupa. Por la violencia que ya la ha invadido. Como consecuencia de la represión brutal a las protestas permanentes del 85% de los venezolanos. Por la escasez de todo y por las hondas penurias humanas consiguientes.

También por las graves restricciones a las libertades individuales y las violaciones abiertas a los derechos humanos. Por los arrestos y prisiones arbitrarias. Y por los vergonzosos juicios a civiles ante los tribunales militares.
Por el acoso permanente al Poder Legislativo, esto es la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, cuyas facultades constitucionales no se respetan.
Y por el retraso en la convocatoria a las elecciones regionales, violando el calendario que deriva de la propia Constitución.

Todo ello deja de manifiesto que la OEA, como organismo regional, no tiene facultades ni maneras de evitar la ruptura del orden democrático, ni las violaciones a las libertades personales en sus Estados Miembros. Sólo puede servir a la manera de “caja de resonancia” regional para las preocupaciones de sus Estados Miembros, que -como se ha dicho- la organización no puede necesariamente hacer suyas.

Mientras tanto, Venezuela es una dictadura militar. Con uniformados ocupando ocho ministerios, seis puestos en el Consejo de Estado y otros seis más instalados en lo más alto del Partido Comunista venezolano, que es el dueño real del poder político en Venezuela.

La siempre sanguínea canciller venezolana, Delcy Rodríguez -con su conocida mezcla acostumbrada de arrogancia y falta de cortesía- denostó a sus colegas de la región que no comparten sus puntos de vista y anticipó, de todas maneras, que su país no respetará las resoluciones que eventualmente tome la OEA. “Venezuela, dijo, no reconoce ningún producto que venga de esta organización”.

A lo que agregó que no sólo Venezuela dejará a la OEA, proceso que ha dado comienzo desde fines de abril pasado y se extenderá hasta el 2019, sino que además otros países de la región están ya comenzando a considerar su propio retiro de la misma, atento -según ella- las “desviaciones profundas” que se registran el órgano regional. Cabe asumir que, en más, Venezuela y sus aliados podrían tomar esa equivocada determinación, lastimando así a la región toda. Venezuela, desde la época del fallecido Hugo Chávez, ha tratado de torpedear o vaciar a la OEA. En sus esfuerzos empujó además la creación de superfluos organismos subregionales en los que pretendió concentrar el diálogo, dejando de esa manera de lado a los EEUU, Canadá y México. Hasta ahora, sin éxito. La decisión venezolana de abandonar la OEA no es sino expresión de su frustración.

La permanente lucha venezolana contra la OEA incluye ataques constantes contra su Secretario General, el diplomático uruguayo Luis Almagro, quien considera que Nicolás Maduro y sus bolivarianos han convertido ya a Venezuela en la segunda dictadura de la región. Y, por ello, como es su deber, procura sostener a su lastimada democracia.

Cabe recordar que la OEA ya ha adoptado una resolución severa, con la que determinó que en Venezuela se violó el orden constitucional cuando el Tribunal Supremo de Justicia -sumiso a Nicolás Maduro y por ello no independiente- se adjudicó a si mismo funciones de naturaleza legislativa que están claramente reservadas por la Constitución venezolana para la Asamblea Nacional. Por esto la decisión de Nicolás Maduro de escapar de la OEA.  

La vía de la OEA, queda claro, no ha sido útil para evitar que el caos venezolano continúe, con riesgo de deterioro. Más de ochenta muertos en dos meses no han sido suficientes para evidenciar la urgencia de detener una deriva autoritaria que, lejos de desacelerarse, parece haber acelerado su marcha.
Como bien acaba de señalar el canciller peruano, Ricardo Luna, la hora exige no silenciar lo que está sucediendo en Venezuela “porque lo que está de por medio es la libertad, la coherencia de un país tan importante, tan querido como es Venezuela y la de su pueblo”.
 
Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas