El director de la cadena SER y el director de informativos de la emisora de radio, Daniel Anigo y Rodolfo Irago, han sido condenados por el juez de Madrid, Ricardo Rodríguez Fernández, a veintiún meses de prisión por el delito de “revelación de secretos” en internet. El magistrado consideró ilegal que la página web del citado medio de comunicación haya difundido en junio de 2003 una lista de 78 personas que, supuestamente, habían sido afiliadas de manera irregular al PP madrileño.

 

El magistrado les ha sentenciado también a la “inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y el ejercicio de la actividad de periodistas” y a “inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo” durante el tiempo que dure la pena privativa de libertad impuesta.

 

De acuerdo con su sentencia, el juez ha considerado que el derecho a la información, protegido por la Constitución, se aplica a la televisión, la radio y la prensa escrita, pero no de la misma manera a internet. Explica: “La protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión radio o prensa escrita), pero debe matizarse que internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal”.

 

Además, el juez considera en su veredicto que si la denuncia de irregularidades era “información”, la publicación de la lista en internet no lo era y constituye un delito de “revelación de secretos”. La sentencia obliga a los dos directivos a pagar una multa  de cien euros diarios durante seis meses y a indemnizar con cinco mil euros a cada uno de los denunciantes.

 

Entre las afiliaciones irregulares denunciadas se incluían las de los constructores Bravo y Vázquez, posteriormente relacionados con los autores del “Tamayazo” que dejó fuera de la presidencia de la Comunidad de Madrid al socialista Rafael Simancas. La SER se centró en las 78 personas que, al parecer no siguieron los trámites formales de afiliación y muchas de ellas estaban relacionadas con los empresarios de la construcción. La emisora recogió las denuncias de la ex presidenta del PP de Villaviciosa de Odón.

 

La emisora anunció que recurrirá la decisión que, asegura, constituye “un claro atentado contra los principios constitucionales de la libertad de expresión e información”. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) también condenaron la sentencia “inaudita, desmesurada y asombrosa”.