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América Latina terminó el 2021 con un balance desfavorable en la lucha contra las redes criminales y los grupos de desestabilización social

Los nexos de esas redes criminales se han estrechado con organizaciones extra-continentales y la mayoría de ellas se vinculan con organizaciones terroristas de Oriente Medio

En materia de tráfico de drogas el crecimiento del accionar de las redes del narcotráfico se relaciona con el marco de la profundización del delito en Brasil, donde hubo avances que no han sido suficientes en el combate legal contra las organizaciones criminales y la presencia del grupo delictivo Primer Comando Central (PCC). También el impacto de la llegada de cárteles de otros países latinoamericanos como México y Colombia sumados a la ampliación de la crisis y los conflictos sociales en Bolivia, Perú y Chile se han hecho presentes durante el año que ha terminado.

De la misma manera, el constante crecimiento que atravesó Paraguay en sus niveles de corrupción dentro de sus fuerzas de seguridad, aduanas y poder judicial se profundizó en el último año favoreciendo las actividades y operaciones del narcotráfico a gran escala de redes criminales brasileñas como también el aumento del ingreso de materia prima desde Bolivia y Perú para la elaboración de drogas sintéticas.

No han sido ajenas a esas turbulencias las redes transregionales manejadas por grupos que pertenecen a la mafia china que operan en la zona de Triple Frontera y manejan el comercio ilegal y el contrabando de cigarrillos e indumentaria de marcas internacionales falsificadas. Estos grupos no sólo se mantuvieron firmes en sus actividades sino que las han acrecentado durante el año 2021.

Todos estos puntos merecen la atención de políticas y controles de fronteras por parte de los estados afectados en el año que inicia para neutralizar situaciones anárquicas y el peligro de un crecimiento mayor de estos delitos en la media que esas redes criminales mantienen una actividad creciente en varios países de la zona utilizándolos como canales de penetración y destino para la comercialización de sus productos ilegales a través de distintos puntos fronterizos regionales.

En Perú, los históricos grupos delictivos continúan operando en el Valle del río Apurímac donde mantienen lazos estrechos con la organización autóctona-religiosa Inka al-Islam, una red que es la relacionada con Irán y que cuenta entre sus miembros con elementos retirados de fuerzas policiales y de seguridad peruanas asociados a elementos residuales de la organización terrorista de base maoísta Sendero Luminoso. Esto ha extendido la corrupción en Perú, alcanzando a miembros y altos cargos dentro del gobierno peruano de Pedro Castillo Terrones e incluso dentro del área militar y de la seguridad del país. Inka al-Islam es un movimiento radical que ha manifestado posiciones muy duras incluso contra el liderazgo de su vecino, el ex-presidente boliviano Evo Morales, la conformación de la red cuenta con elementos originarios de la región conversos al Islam chiita cuyas posiciones extremas confrontan incluso con las políticas de los gobiernos actuales tanto de Bolivia como de Chile y Perú. La ciudad portuaria de Cobija es un punto estratégico que según fuentes paraguayas de seguridad es utilizada por operativos de Inka al-Islam asociados a Hezbollah para actividades de tráfico de drogas, contrabando de articulos electrónicos y tabaco, y cuenta con la colaboración de agentes de seguridad y aduana bolivianos.

En Bolivia las redes cercanas a Irán integradas por ciudadanos originarios del Líbano residentes en Ciudad del Este se desplazan sin inconveniente entre Paraguay, Venezuela, Perú y Brasil. En lo político, la propaganda de estos grupos estuvo focalizada de forma cercana a los equipos de campaña del ahora presidente electo de Chile, Gabriel Boric; lo que indica y proyecta que muy posiblemente Chile sea un nuevo territorio en el cual estas redes se desarrollen y expandan en el corto plazo.

En Venezuela, el gobierno ha controlado y acallado a base de represión y cárcel a los elementos de la oposición que denunciaron las actividades de estas redes con el objeto de mantener la estabilidad de sus politicas y los acuerdos del régimen de Maduro tanto con Irán como los grupos narco-terroristas colombianos instalados en su territorio y colabora con los grupos criminales en la extracción ilegal de oro en la zona conocida como “el triángulo minero de la Amazonia”, donde la fiebre del oro y los diamantes transformó esa área selvática en una zona donde no existe control estatal sobre el delito y las minas son controladas por bandas criminales de narcotraficantes y contrabandistas que somete a los aborígenes de la zona.

Los reiterados rumores de principios del año 2021, sobre un probable levantamiento militar contra Maduro, que finalmente no ocurrió, provocaron un agudo endurecimiento del control del régimen sobre los opositores, pero dio lugar a la muerte reciente de tres presos políticos detenidos ilegalmente. El dictador venezolano creó una crisis institucional artificial a mediados de 2021 para debilitar a la oposición y avanzó en los principios de la represiva revolución bolivariana intentando crear un conflicto fronterizo con Colombia. El objetivo del dictador Nicolas Maduro no sólo fue mantenerse en el poder, sino avanzar y exportar la revolución provocando conflictos políticos a lo largo de toda América Latina mediante movimientos de refugiados y acciones políticas directas de superficie a través de movimientos locales denominados populares que ya han dejado de ser subrepticios.

El fenómeno migratorio de Venezuela al resto de América Latina trajo consigo serios problemas vinculados a la relocalización de redes clandestinas que se establecieron en varios países de la region con objetivos bien definidos de subvertir los ordenamientos democráticos allí donde emergieron.

Mientras tanto, en Perú se espera que el libanés Muhammad Ghaleb Hamdar, quien reconoció pertenecer a Hezbollah e ingresó a ese país con un pasaporte falso de Sierra Leona en 2014 con la mision de ejecutar ataques terroristas contra objetivos judíos y estadounidenses, vaya a juicio oral en Marzo próximo, aunque los cargos contra él se han debilitado con el cambio de gobierno desde la llegada del actual presidente Castillo.

Al mismo tiempo, a mediados de 2021, un ciudadano iraní logró escapar al norte de Brasil desde la zona de Triple Frontera, donde se perdió su rastro luego de un seguimiento conjunto de las fuerzas de seguridad paraguayas y brasileñas. La investigación continuó hasta el mes de Octubre y se pudo comprobar que el sujeto había visitado otros países de América Latina antes de fugarse de Ciudad del Este junto a otro individuo de nacionalidad venezolana que trabaja de forma cercana para el prófugo ex-vicepresidente de Venezuela Tareck El-Aissami, sobre quién sigue vigente un pedido de captura y extradición de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su condición de prófugo de la justicia estadounidense, investigaciones que se llevan adelante desde Washington establecieron que El-Aissami ha estado a cargo de no menos de cuatro envíos de cargamentos de oro a Turquía y Rusia durante el año 2021.

El resultado del accionar de todos estos movimientos y grupos criminales vinculados al narcotráfico, el tráfico de armas y las actividades terroristas, permite observar que las amenazas de las redes transnacionales se encuentran bajo un plan de desestabilización de América Latina cuyo fin es deslegitimar a Estados Unidos y desestabilizar a sus aliados regionales, esto quedó demostrado en Bolivia durante el breve lapso de tiempo en que la ex-presidente Jeanine Áñez ejerció la primera magistratura del país hasta su salida del poder y actual encarcelamiento. Lo mismo se aprecia en la campaña de agitación popular exacerbada por la crisis mapuche contra el presidente chileno Sebastian Piñera hasta la reciente elección que consagró como próximo presidente al izquierdista Gabriel Boric.

De momento, estas redes no han tenido éxito en penetrar Ecuador y Uruguay pero las agencias de seguridad regionales saben que trabajan subrepticiamente en esos países con un plan bien delineado para socavar los gobiernos democráticos de ambos países. Sin embargo, se encuentran muy activas en Chile con el apoyo de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Perú también en territorio sur de la República Argentina con el objetivo estratégico de generar conflictos internos y entre Estados, por lo que es posible que comiencen operaciones para debilitar a los gobiernos de Colombia y Brasil ante la cercanía de las elecciones presidenciales en ambos países para favorecer a sus candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil y Gustavo Petro, en Colombia. Con ello, la reformulación de la geopolítica de la región y los propósitos fundamentales tanto de Rusia, Cuba e Irán, estarán cumplidos en su fase inicial de neutralizar la influencia e intervención de Estados Unidos en Latinoamérica. En este escenario, China colabora con actividades desde el ciberespacio y el control electrónico regional.

Por otra parte, y no menos grave, es que durante el año que terminó ha sido evidente el incremento de ataques judiciales contra líderes políticos y ex-funcionarios de gobiernos latinoamericanos aliados o cercanos a Estados Unidos y contra todo aquel o aquello que presente un freno a las amenazas que encarnan los grupos criminales transnacionales y los movimientos populistas apoyados por Venezuela, Rusia e Irán. Así las cosas, es altamente probable que estos ataques se intensifiquen durante 2022 y en consecuencia, demanden a los Estados afectados y a los Organismos Supranacionales tomar firmes respuestas para enfrentar y neutralizar estos flagelos.

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