Brasil ha decidido llamar a consultas a su embajador en Ecuador, después de que el Ejecutivo ecuatoriano presentara una demanda de arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París para frenar el pago del crédito otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes)

Correa “deplora” la decisión de Lula

Celso Amorín, canciller de Brasil, dio a conocer una nota en la que informa que llamó a consultas a Brasilia a su embajador en Quito, Antonio Marques Porto. Ambos discutirán una respuesta al anuncio del gobierno de Rafael Correa de no pagar el empréstito de 320 millones de dólares. Este tipo de medidas son el preámbulo al congelamiento de relaciones.

«El Gobierno brasileño considera que la naturaleza y la forma de adopción de las medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano no son compatibles con el espíritu de diálogo, amistad y cooperación que caracterizan las relaciones entre Brasil y Ecuador», dice la nota.

La situación tensa las relaciones entre dos países hasta ahora aliados. Es la primera vez que desde  la Guerra de la Triple Alianza (que destruyó Paraguay entre 1865-1870) el gobierno de Brasil no “llamaba a consultas” a un embajador.

La disputa entre los antiguos  “amigos” se inició por causa de una constructora privada, Odebrecht y derivó, finalmente, en la decisión de Rafael Correa de no pagar la deuda contraída con el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES). En el 2004, BNDS le había prestado al Estado ecuatoriano la suma de 242,9 millones de dólares para el financiamiento de una represa construida por la brasileña Odebrecht asociada con la francesa Alstom.

Correa, sostiene que la planta había sido entregada “llave en mano” y que se había firmado el contrato “al margen de las leyes nacionales”. A finales de septiembre, el presidente ecuatoriano exigió a Odebrecht el pago de una indemnización por las fallas. La empresa brasileña lamentó los defectos y reconoció la existencia de problemas. “Odebrecht-Alstom-Vatech (el consorcio) lamenta los hechos ocurridos en la Hidroeléctrica San Francisco”, sostuvo en un comunicado y agregó: “Frente a lo ocurrido, el consorcio comunica que decidió ampliar a 5 años la garantía del túnel de la central hidroeléctrica”. A los pocos días, Correa decidió expulsar a la compañía de Ecuador.