Los políticos y sus acólitos, reacios a compartir el poder con el vulgo, conciben formas creativas de alejar a la gente y las propuestas de las urnas.
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Cómo controlan las urnas los iniciados políticos
LAS TRABAS PARA CONCURRIR A UNA LISTA son el dispositivo clásico de blindaje de los políticos en el poder, una de las técnicas de las que se valen los políticos iniciados para proteger su monopolio de molestos aspirantes y consultas populares.
De manera que es tentador reírse a carcajadas cuando uno de esos obstáculos se lleva por delante a un político en ejercicio tan templado como el congresista John Conyers Jr., un Demócrata por Detroit que en su vigésimo quinta legislatura en el Congreso, quedó descalificado de la lista de las primarias Demócratas la pasada semana por no presentar las 1.000 firmas válidas de electores que exige el código de Michigan.
Hay montones de motivos para que el votante del decimotercer distrito electoral de Michigan desee despachar a Conyers a casa. El caballero tiene 85 años, lleva medio siglo en el Congreso, y durante los últimos años ha recopilado un vergonzoso récord de polémicas y lapsos éticos. A menudo se le ve visiblemente confundido; el veterano editor de Detroit News Nolan Finley reseña que “abundan las crónicas de episodios de pérdida de lucidez por parte de Conyers“.
Pero nada de eso es relevante de cara al requisito de las firmas que precipitó a Conyers de la lista. Su campaña presentó más firmas de electores registrados en el distrito de las necesarias — 1.236 firmas, según funcionarios electorales municipales. Pero casi la mitad de esas firmas fueron desechadas porque los cuestadores contratados para reunirlas no eran electores registrados a título particular.
¿Por qué razón supone la más remota diferencia que las personas que recaban firmas a la puerta del súper o en el vertedero municipal estén registradas en el censo electoral?
No debería suponer ninguna. Conyers se estrelló contra una condición cuyo único objetivo real, como tantas otras condiciones del ordenamiento electoral, es atrapar al despistado o dificultar el acceso a las listas electorales a profanos o contrarios al rodillo de la formación. Tales trampas no sólo son ofensivas, son inconstitucionales: En 1999 el Tribunal Supremo tumbó una ley en Colorado que obligaba a que los cuestadores de firmas llevaran brazaletes identificativos y fueran votantes censados dentro del estado. Según la Primera Enmienda, dictaminó la instancia, “engorros tan excesivos del diálogo político y el intercambio de ideas” son intolerables. Total que Conyers y la Unión Americana de Libertades Civiles han recurrido el código de Michigan, y aducen que las firmas válidas recabadas en el escrutinio íntegro del congresista deben ser contabilizadas y el nombre de él incluirse en la lista.
A la élite política, sobre todo la de estados de consultas o iniciativas, le encanta denunciar que el acceso a las urnas es demasiado fácil, y que cualquier patronal con cuenta bancaria puede comprar las firmas que precise para someter a consulta una cuestión. La catástrofe de Conyers constituye un oportuno recordatorio de que la realidad es todo lo contrario. Los políticos y sus acólitos, reacios a compartir el poder con el vulgo, conciben formas creativas de alejar a la gente y las propuestas de las urnas. Recabar las firmas necesarias y cumplir con todos los demás imprescindibles para someter algo a consulta es mucho más difícil de lo que muchos se dan cuenta.
Esta semana, en Massachusetts, la consulta para derogar la subida automática del impuesto de los combustibles recorre el estado con el fin de recoger las 11.000 firmas que hacen falta para someter a consulta la cuestión en noviembre. (A sumar a las 88.000 firmas de electores censados que el pasado otoño presentó la campaña). Pero las reglas son tan desproporcionadas que los organizadores saben que para cerciorarse de pasar por ése aro, necesitan que firmen más del doble de ese número de electores: Su objetivo es 24.000 firmas. Los voluntarios que diseminan las peticiones reciben reglas detalladas para el manejo de las instancias. A la cabeza de la lista: “Que no haya huellas sobre el papel. El gabinete del Secretario de Estado descarta todas las instancias que lleven borrones”. Según el ordenamiento de Massachusetts, un garabato, un borrón o una línea en una instancia basta para descalificar todas las firmas del folio.
Resulta raro que algunos miembros de la clase política sean tan hostiles a permitir manifestarse puntualmente al votante a tenor de una cuestión que le concierne particularmente. Los legisladores de la Cámara del estado presentan un anteproyecto de ley tras otro encaminados a demoler la opción que tiene el votante de someter a las urnas una cuestión. Unos tratan de duplicar la cifra de firmas exigidas para tener derecho a la iniciativa. Los hay que exigen la publicación de un “estudio de impacto fiscal” oficial por parte del gobernador. Un tercero insiste en que los cuestadores firmen una declaración por cada folio que presenten.
Cualquier excusa sirve a la hora de poner en su sitio a profanos y votantes creídos. No debería ser noticia sólo cuando un legislador vitalicio como Conyers cae en su propia trampa.
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