La aerolínea privatizada presenta ganancias luego de años de dar pérdidas y aun así el Estado argentino arremete contra sus actuales dueños.
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Viernes, 15 de mayo 2026
La aerolínea privatizada presenta ganancias luego de años de dar pérdidas y aun así el Estado argentino arremete contra sus actuales dueños.
Disputa judicial
Dos miembros del equipo de interventores judiciales del concurso de acreedores
de Aerolíneas Argentinas, Ricardo Muiños y Julio Semeria, presentaron en Madrid
una demanda de acto de conciliación por presuntas irregularidades cometidas
durante y después del proceso de privatización y compraventa de Interinvest,
sociedad propietaria de Aerolíneas Argentinas, operación que se realizó en
octubre de 2001.
La respuesta del grupo español fue presentada a
propósito de una demanda de acto de conciliación presentada el jueves contra la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y las sociedades Air
Comet, Royal Romana Playa y Repsol, por presuntas irregularidades durante y
después de la privatización y compraventa de la compañía aérea argentina.
Air Comet acusa a los dos demandantes, Ricardo Muiños y Julio Semeria,
de “no estar legitimados para iniciar ninguna acción contra la compañía”, pese a
la efectiva presentación de la demanda formalizada el jueves en los juzgados de
la Plaza de Castilla de Madrid.
Aerolíneas Argentinas, propiedad hoy del
grupo español Marsans, calificó hoy de “incongruente” la decisión del Estado
argentino, accionista minoritario de la compañía, de impugnar los balances del
2003. “Resulta por lo menos incongruente que el Estado no objetara las cuentas
de Aerolíneas Argentinas cuando en anteriores gestiones registraban pérdidas
superiores a los 500 millones de dólares anuales, y lo haga en este momento en
que la empresa mantiene un óptimo nivel operativo”, señaló el portavoz de la
compañía, Julio Scaramella.
El representante del Estado argentino votó
en contra del balance y la gestión de la aerolínea en la asamblea de accionistas
celebrada el 22 de julio de este año por considerar que las cuentas de la
compañía reflejaban un “aumento doloso” de sus pasivos en favor de Marsans,
cifrado en 96 millones de dólares.
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