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Denuncian que en Venezuela el poder judicial es un mero instrumento del poder político

Eladio Aponte Aponte es un ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Con anterioridad se desempeñó también como fiscal militar. Un hombre, entonces, del riñón de Hugo Chávez, lo que no es precisamente la mejor carta de presentación para nadie.

De aspecto bastante poco convincente, hoy está exiliado en los Estados Unidos y dice sentirse víctima de una persecución por parte de los partidarios de Hugo Chávez, en lo que el mismo llama la “paradoja del perseguidor perseguido”.
 
Acusa abiertamente a Hugo Chávez de manipular caprichosamente a la justicia de su país. Lo que sabemos puede bien ser así. Aponte testimonia haber, él mismo, sido objeto de presiones por parte del propio Hugo Chávez y de algunos otros de sus altos funcionarios para pronunciarse en el sentido que el líder caribeño le sugería en algunos casos judiciales que estaban a su cargo.
 
Eso es obviamente todo lo contrario a respetar la independencia e imparcialidad de la justicia, noción esencial de la democracia que -sin embargo- para los “bolivarianos” es apenas un “prejuicio burgués” más. Para ellos la justicia debe ser, como sucede en Cuba, apenas un “agente” más del poder político y actuar como tal, real o disimuladamente. Un instrumento de presión, en consecuencia.
 
Aponte, que parecería haber tenido que escapar precipitadamente de Venezuela, temiendo por su vida, acaba de hacer declaraciones a una estación de televisión hispana en los Estados Unidos que son un verdadero bombazo. No obstante ellas, afirma querer regresar alguna vez a Venezuela para poder así “lavar su nombre”. No será fácil. Porque, suelto de cuerpo, confirma que su comportamiento judicial no siempre fue leal a la Constitución de su país. Lo que es lo mismo que sostener que no se mantuvo dentro del parámetro esencial de la independencia que ella exige. Por todo lo que dice estar dispuesto a pagar una “penitencia”. Pero sin tener que, para ello, atravesar la aberrante ordalía a la que se ha sometido a la jueza María Lourdes Afuni, por el “delito” de haber dictado una sentencia con cuyo alcance no está de acuerdo Hugo Chávez.
 
En sus explosivas declaraciones Aponte afirmó que en Venezuela “hay presos políticos” respecto de los cuales se reciben instrucciones del Ejecutivo, de “no soltarlos”. Lo que es gravísimo, pero no demasiado sorpresivo. Las “bajadas de línea” provenían, afirma, de la propia presidenta del tribunal, Luisa Estrella Morales y del propio Fiscal General, Luis Ortega García.
 
También sostuvo que en la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela “no se da puntada si no lo aprueba el Presidente (Chávez)”. A lo que agregó que todas las semanas el Vicepresidente y los aludidos funcionarios se reúnen y generan las “directrices” que acotan y conforman el “accionar de la justicia”.
 
Si esta denuncia fuera cierta, como parece, la ausencia de democracia en Venezuela sería absolutamente palmaria.
 
Entre sus afirmaciones hubo además referencias específicas referidas a la manera en que en Venezuela se procura favorecer a los narcotraficantes cuando, de pronto, ellos son “juzgados” por los tribunales venezolanos. En este último sentido involucró al mismo Ministro de Defensa, Raúl Baduel, y al propio Henry Rangel Silva como habiendo abogado y presionado a favor de un personaje (el Comandante Magino) que aparentemente estaría involucrado en un caso penal que tramitaba bajo su jurisdicción. A ello agregó acusaciones contra otros dos muy altos mandos militares de su país, a los que calificó de “Zares de la Droga”. Pero cuando fue preguntado por la posibilidad de probar concretamente sus duras afirmaciones dijo no estar en condiciones de poder hacerlo. Se ha abierto una Caja de Pandora que podría de pronto embretar a Chávez y a algunos de sus mandos militares en el mismo camino que alguna vez transitara el panameño Noriega.
 
Las revelaciones de Aponte no son realmente tan sorpresivas como pudieran parecer. Confirman las sospechas de muchos. Más allá de las dudas y reservas que el personaje y su pasado reciente pueden suscitar. Y son una razón más para que los venezolanos enfrenten las elecciones del próximo 7 de octubre como si ellas fueran realmente absolutamente fundamentales. Ocurre que ciertamente lo son. Allí se decidirá si el país -y su pueblo- regresan a la democracia o siguen sumergidos en el lodo del aluvión totalitario que ha provocado Hugo Chávez.
 
Las graves denuncias de Aponte, que incluyen a algunos jefes militares de su país, sugieren que los intereses que podrían eventualmente mover a los militares a cumplir con su amenaza de no entregar el poder en caso de que Henrique Capriles se imponga en las elecciones presidenciales que se aproximan, no son sólo de índole política o ideológica, sino que tienen vectores de índole económica de enorme seriedad por todo lo que significan. La supervivencia en el poder y la impunidad de algunos en lo más alto del actual poder venezolano. Tremendo, por todo lo que significa ciertamente.
 
 
Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.

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