Un juez uruguayo ordenó el procesamiento de Gregorio Alvarez, acusado de participar en el traslado clandestino y desaparición de personas.

POLITICA-AMERICA

El juez Luis Charles investiga un traslado en 1978 de prisioneros políticos desde Argentina y su posterior desaparición, cuando Alvarez era comandante del Ejército.

La defensa de Alvarez había presentado días atrás un recurso de inconstitucionalidad sobre el delito de desaparición forzada, pero la Suprema Corte de Justicia desestimó el pedido, por lo que el caso volvió al juez.

Alvarez fue presidente del Gobierno militar entre 1981 y 1985.

El juez envió también a prisión al ex militar Juan Carlos Larcebeau por el mismo caso, dijo la fiscal Mirtha Guianze, y emitió una orden de captura para el ex marino Jorge Tróccoli, tercer implicado en el caso, quien según su abogado se encuentra navegando y volverá a fin de mes.

“Esto es muy removedor después de 30 años de lucha,” dijo Luisa Cuestas, integrante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, al sitio de internet www.observa.com.uy.

Unos 200 uruguayos desaparecieron durante la dictadura, la mayoría de ellos secuestrados en Argentina en operaciones conjuntas realizadas por las fuerzas de seguridad de los Gobiernos militares de la época en la región.

Los dos ex militares se suman a otros 10 enviados a prisión por desapariciones de uruguayos en Argentina, en una inédita sentencia dictada en septiembre del año pasado.

La justicia pudo realizar las investigaciones, luego de que el presidente Tabaré Vázquez excluyó por primera vez varios casos de una ley de amnistía que prohíbe los juicios a militares por delitos cometidos durante el período de facto, ya que los mismos sucedieron fuera de sus fronteras.

En noviembre del 2006, el ex dictador de la primera parte del Gobierno militar, Juan María Bordaberry, y su canciller, Juan Carlos Blanco, fueron enviados a prisión por coautoría en cuatro homicidios -entre ellos de dos legisladores- ocurridos en Buenos Aires en 1976.