Aquí no se encarcela o asesina periodistas, solo se amenaza con hacerlo y se acaba con su reputación en cadenas nacionales

Guayaquil, Ecuador— Hay varias estrategias para coartar la libertad de expresión. Unas son más rápidas que otras o más fáciles de identificar que otras. Consideremos el caso venezolano, el cual podríamos denominar como “la mordaza sin sutilezas”. 

En Venezuela el gobierno censura a un medio de prensa escrita, El Nacional, por publicar la foto de cuerpos apilados en una morgue de Caracas. Lo hace aplicándole una ley que está hecha solamente para radio y televisión. Hace ya más de tres años, el mismo gobierno no renovó la concesión de señal abierta para Radio Caracas Televisión (RCTV), el único canal independiente de señal abierta que quedaba en ese país. Desde ese entonces, ha llevado a cabo un evidente acoso contra el único canal de cable independiente que queda en Venezuela, Globovisión.

En nuestro caso, estamos frente a “la mordaza sofisticada”. Aquí no se quitan concesiones, solo se saca del aire a un canal por tres días y se establece venta obligatoria de ese canal con fecha límite para su venta. Aquí no se expropian canales, se los incauta por decreto presidencial en la madrugada y se esgrimen todo tipo de excusas para demorar la venta de estos. Aquí no se denuncia a un periódico por publicar fotos incómodas, se demanda a un editorialista del medio escrito o al director del medio por alguna causa oportunamente hallada en el código penal. Aquí no se encarcela o asesina periodistas, solo se amenaza con hacerlo y se acaba con su reputación en cadenas nacionales.

Desde que se han dado estos golpes “sofisticados” a la libertad de expresión y de prensa el panorama de información y opinión ha cambiado radicalmente. Esto es más perceptible en televisión. Hace dos años uno podía ver a Carlos Vera, Fernando Aguayo, Alfredo Pinoargote, Jorge Ortiz, entre otros. Todos han ido saliendo poco a poco —con la excepción de Pinoargote que reemplazó a Vera en Contacto Directo— reduciéndose a un mínimo los espacios de debate, análisis y opinión en televisión. Se ha puesto de moda mandar a los que siguen ahí de “vacaciones” (por ejemplo, Luisa Delgadillo de RTS).

En la prensa escrita varios columnistas me han confesado que desde el caso de Palacio, ya no escriben con la misma soltura. “Ahora suprimo una oración al final del artículo que podría molestar a alguien” o “tengo más cuidado con lo que digo”. De esta manera sutil, pero no por eso menos efectiva, se viola el derecho de los aquellos que escriben columnas de opinión a expresarse sin miedo a represalias.

Todo esto se ha logrado sin que se haya aprobado la nueva ley de comunicación, la cual, según dicen sus partidarios, por fin “controlará los excesos de los medios”. Aparentemente, intimidar y purgar de voces incómodas a los medios ecuatorianos no ha sido suficiente.

Varios dueños de los principales medios de comunicación del país han facilitado la implementación de la mordaza. No han sido firmes como Marcel Granier de RCTV o Guillermo Zuloaga de Globovisión al momento de defender la libertad de prensa y de expresión en el país. A ellos les corresponde liderar la defensa de estos derechos tan fundamentales y muchos no han estado a la altura de las circunstancias.