Un supuesto escándalo de corrupción ligado a Qatar sacude actualmente al Parlamento Europeo. El caso ya conocido como Qatargate se ha saldado hasta la fecha con cuatro imputados por los delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, entre ellos la eurodiputada griega Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo hasta el pasado 10 de diciembre, cuando fue suspendida de esa función.

El juez belga a cargo de la investigación sospecha que Qatar ha pagado “grandes cantidades de dinero” y ha ofrecido “regalos significativos” a personas que tienen una “posición política estratégica” dentro del Parlamento Europeo, para influir en sus decisiones.

Para la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea, el hecho de que estalle un caso de corrupción en la burocracia comunitaria no debería ser una gran sorpresa. El 68% de los participantes en una encuesta realizada la primavera pasada en toda la UE afirmaron que la corrupción está muy extendida en sus respectivos países. ¿Por qué iba a ser diferente en Estrasburgo o Bruselas?

En España, cerca de nueve de cada diez encuestados creen que la corrupción está generalizada en el país. Esta cifra es aún mayor en Estados miembros como Hungría (91%) o Grecia (98%), este último a la cabeza de todos los países de la UE en percepción de la corrupción. Sin embargo, según los daneses, esta problemática no está especialmente extendida en su país. Junto con Finlandia, Dinamarca es el único país de la UE donde menos de uno de cada cinco ciudadanos cree que la corrupción sigue prevaleciendo a nivel nacional.