El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe “muy crítico” sobre el anteproyecto de reforma del Código Penal, en el que considera que la libertad vigilada de hasta 20 años prevista para violadores, pederastas y terroristas reincidentes tiene “difícil justificación”.
Es el proyecto de Bermejo
Según la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, aunque en el derecho comparado se contempla la posibilidad de la libertad vigilada, esa medida es de “difícil justificación” en nuestro sistema, y su aplicación presenta muchas dificultades para conciliarla con el régimen de tercer grado penitenciario o con la libertad condicional. Esto cuestiona buena parte del anteproyecto aprobado por el Gobierno.
El informe del CGPJ argumenta que esta medida establece un sistema restrictivo de derechos y critica que se base como presupuesto en una responsabilidad dilatada en el tiempo, ya que la libertad vigilada se aplicaría a los delincuentes reincidentes una vez cumplida la pena.
Otra de las críticas del informe se refiere al tratamiento previsto para los delitos contra la libertad sexual, la prostitución y la corrupción de menores, en los que se prevé un aumento de las condenas, las cuales según el CGPJ no son acordes con el principio de proporcionalidad.
En concreto, se cuestiona que la violación de un menor de 13 años se castigue con penas de entre 12 y 15 años de prisión y el homicidio de un menor de 13 años, con entre 10 y 15 años de cárcel. Bravo ha indicado que, aunque los delitos contra la libertad sexual de los menores son muy graves, las condenas previstas, en comparación con las de los delitos contra la vida, no son acordes con el respeto a la proporcionalidad de las penas.
Además, el Poder Judicial propone que los delitos penales se consideren supuestos agravados cuando afecten a menores de trece años, incluida esa edad.
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