El Fondo Monetario Internacional (FMI) está preocupado por el rápido aumento del gasto público en América Latina, aunque reconoce que la tendencia es menor a la registrada en los años 70. Los funcionarios del organismo multilateral no se refirieron a ningún país en particular, pero sí a la región en su conjunto.

En su reunión de Costa Rica

El integrante del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo multilateral, Max Alier, no se refirió en particular a un país, pero sí a la región en su conjunto, donde el crecimiento económico está implicando mayores erogaciones de recursos, pero sin la contraprestación del desarrollo de reformas para permitir una transición hacia un sistema tributario progresivo.

De hecho, considera que el progreso en materia fiscal es insuficiente para generar un esquema sustentable de desarrollo económico en la región, según detalló al intervenir en Consulta San José 2007, organizado por el Copenhagen Consensus Center y el Incae Business School de Costa Rica.

Dijo que la inversión pública en América Latina ha caído en la última década, lo que contrasta con el indetenible incremento del gasto público.

En tal sentido, señaló que este tipo de gastos se situaba en 5,8% del Producto Interno Bruto (PIB) promedio de América Latina para el período comprendido entre 1995 y 1999, mientras que entre 2005 y 2006 la inversión pública como porcentaje del PIB cayó a 5,1%.

Considera que deben cumplirse con algunos requisitos como equilibrar el gasto hacia las inversiones y mejorar la eficiencia del mismo, mientras que cree indispensable que los gobiernos se muevan hacia regímenes tributarios menos regresivos y con menores distorsiones. Igualmente, aseguró que la mejora del gasto que se dirige hacia el aparato burocrático resulta obligatoria, así como el incremento de la eficiencia y la focalización de los recursos gubernamentales en el tema social.

Pero allí se detuvo para explicar que muchas veces los gobiernos incluyen algunas políticas como gasto social cuando en realidad su efecto en la erradicación de la pobreza y en la repartición de la riqueza es prácticamente nulo.

En tal sentido, citó como ejemplo el caso de los aportes que realizan los gobiernos a sus esquemas de Seguridad Social, cuando éstos realmente no benefician a la población más excluida. Aseguró que el direccionamiento de estos recursos hacia el esquema previsional beneficia más fuertemente a los más ricos (51%), mientras que solo 5% de los pobres se ven beneficiados por el apoyo financiero a la Seguridad Social.

Igual sucede con el gasto en la educación universitaria porque el mayor beneficio se centra en 52,1% del quintil más rico de la población, al tiempo que apenas 5% de los excluidos se benefician del sistema educativo universitario.

Resaltó que la economía informal es más urgente de resolver que el sistema tributario de un país. “Los países consistentemente eligen políticas equivocadas”, dijo.

Explicó que la inclusión al mercado formal de los informales permitiría que estos se beneficiaran de sistemas como la Seguridad Social, pero a su vez implicaría que la población susceptible de reportar impuestos crecería.

Fuente: El Universal.com