Política

El Gobierno socialista mantiene su “derecho” a cortar el acceso a internet sin orden judicial

El Ministerio de Cultura seguirá adelante con su intención de cortar internet, sin autorización judicial, a los usuarios que, desde su punto de vista, violen derechos de autor. Una reunión de dos horas no ha servido. Los internautas están disgustados y decepcionados.

Los internautas, furiosos

Dos horas y sin acuerdo se ha llevado la reunión entre representantes del Ministerio de Cultura y catorce internautas relevantes. Debatían la disposición del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible del Gobierno que permite cortes por orden administrativa -mediante una Comisión de Propiedad Intelectual– a las webs que alojan contenidos ilegales.
 
Los internautas, que han retransmitido la reunión a través de Twitter, se han mostrado muy disgustados y decepcionados con el resultado de la reunión en la que también estuvo presente sólo media hora la ministra del ramo, Ángeles González-Sinde. El Ministerio de Cultura, aseguraron, no ha mostrado “voluntad de diálogo” porque su única propuesta ha sido la de crear un “superportal” de contenidos.
 
Según informa la agencia de noticias Europa Press, la ministra ha calificado la reunión de “muy positiva, importante e interesante” y que la medida “busca afrontar la oferta ilegal, de ninguna manera perseguir al usuario”. Pero, los internautas aseguran que en varias ocasiones amenazaron con marcharse porque la postura de los representantes de Cultura era la de no modificar la normativa propuesta y convocar una reunión tras las navidades para conocer la redacción del reglamento que permitirá el cierre de las webs. El primer artículo de esa normativa, explicaron, servirá para “concretar” qué son las páginas con música y de pago.
 
De acuerdo con Europa Press, a lo largo del encuentro se han producido varios momentos tensos, como cuando el periodista Ignacio Escolar criticó que esa propuesta se acercase al modelo chino -con una evidente censura-. “¿Vais a hacer que España sea como China?”, preguntó Escolar a lo que respondió Cultura -según la versión de los blogueros-: “Ya lo es”.
 
La polémica disposición permite que mediante una autorización judicial se pueda interrumpir el servicio de internet a aquellos abonados que descarguen archivos protegidos por derechos de autor. La normativa obliga a los operadores a “facilitar los datos” de los responsables que vulneran los derechos de autor.
 
La Asociación de Internautas critica que vaya a ser una comisión tutelada por el Ministerio de Cultura la que decida quién viola derechos de autor y no un juez el que valore si esas acciones son legales o no.
 
En la entrevista, González-Sinde explicó que en el proceso legal que se seguirá la citada Comisión de Propiedad Intelectual “actuaría e investigaría a petición de la parte afectada”. Aunque, aclaró, “si hubiera derechos fundamentales implicados lo derivaría automáticamente a un juez, cumpliendo con la ley, como no puede ser menos”.

La ministra agregó que cuando no se afecten derechos fundamentales, “se actuaría pidiendo la identificación de los titulares de esa página a las empresas de telecomunicaciones y se procedería a adoptar medidas cautelares si hiciera falta”.

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