El actual gobierno califica de inconstitucional un acuerdo que otorga al grupo suizo potestades dentro de la petrolera Petronic que son exclusivas del Estado.
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Sábado, 05 de octubre 2024
El actual gobierno califica de inconstitucional un acuerdo que otorga al grupo suizo potestades dentro de la petrolera Petronic que son exclusivas del Estado.
En riesgo contrato de Glencore
Esta semana será clave para definir si se anula o no el contrato. Ante la polémica, la compañía helvética opta por el silencio.
Glencore inició el año 2007 cuesta arriba en terreno latinoamericano.
Hace dos meses, el grupo helvético recibió con sorpresa la noticia de que el gobierno boliviano de Evo Morales nacionalizaría -por decreto y sin indemnización inmediata- la empresa Vinto, una de las metalúrgicas más rentables de aquel país y hasta entonces propiedad de la suiza.
Esta semana, el gobierno de Nicaragua decidirá el futuro que tendrá en su territorio el líder mundial en proveeduría de materias primas.
Concretamente, decidirá si anula un contrato que establecieron Glencore y el gobierno de Nicaragua en 1999 -y al que le quedan dos años de vigencia- ya que la actual administración considera que violenta la Carta Magna y provoca pérdidas al erario nicaragüense.
Una situación comprometida para una empresa cuyos 32 años de historia han estado envueltos en la polémica desde que su fundador, el multimillonario Marc Rich, fue acusado de evadir impuestos y de realizar negocios ilícitos en Estados Unidos, país en donde concentra la mayor parte de su riqueza.
Glencore en Nicaragua
El grupo Glencore, especializado en el suministro de material minero, energético y derivados petroleros, ha estado siempre rodeada de misterio y suspicacias. Legalmente se trata de una empresa helvética porque su sede está basada en el cantón de Zug.
Por el nivel de sus utilidades, se trata de una de las 10 empresas más rentables de Suiza, pero a diferencia de gigantes como Nestlé, Holcim o Novartis, siempre se ha manejado con un bajo perfil.
No le gustan los reflectores.
No por ello se ha salvado de éstos. En el año 2000, por ejemplo, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña le prohibieron operar en sus mercados porque descubrieron que Glencore compraba petróleo ilegalmente a Irak.
En América Latina, en concreto, Glencore inició operaciones en los 80´s y tiene presencia en una decena de países.
Algunos de los más rentables son Colombia, donde opera a través del puerto de Santa Marta y la mina Calenturitas; así como de la mina de los Carbones de la Jagua.
En Perú explota zinc en Yauliyacu y en Iscaycruz o la mina de Rosaura.
En Argentina también explota zinc en Nocochea, Villegas y Grainer; y en Bolivia era propietaria de cinco minas, Vinto entre ellas.
A Nicaragua llegó hace una década. En este caso no explota minas directamente, pero consiguió firmar un rentable acuerdo de arrendamiento con Petronic –compañía petrolera nicaragüense- cuya validez está hoy en tela de juicio.
El conflicto en Petronic
Glencore y el gobierno nicaragüense firmaron en abril de 1999 un contrato que permitiría a la compañía suiza realizar múltiples actividades dentro de Petróleos de Nicargua (Petronic).
Entre ellas, manejar una red de tanques de depósitos para almacenar y distribuir petróleo; comercializar los derivados de crudo que se venden a Venezuela; y distribuir y comercializar petróleo, esta última, una función que de acuerdo con la Constitución de Nicaragua, sólo corresponde al Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
El contrato de arrendamiento entre el gobierno de Nicaragua y Glencore levantó voces en contra desde el principio. De hecho, en mayo de 1999, la Contraloría General de la República (CGR) de Nicaragua declaró nulo el documento por considerarlo inconstitucional.
Pero el gobierno liberal del Presidente Arnoldo Alemán, entonces en la cima del poder, ignoró el fallo de la CGR y permitió a Glencore operar sin contratiempos.
Hoy, según la agencia de Noticias Swissinfo, la administración alemanista es considerada una de las más corruptas en la historia nicaragüense. Su sucesor, Enrique Bolaños Greyer, también del partido Liberal-Constitucional, consintió que el contrato siguiera adelante.
No obstante, con la llegada al Ejecutivo de Daniel Ortega Saavedra, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FMLN) al Ejecutivo, a principios de 2006, las reglas del juego cambiaron.
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