La Corte Suprema de Brasil rechazó la demanda del abogado general del estado contra el juicio político a Rousseff iniciado por el Congreso

El informe del la Comisión del Congreso de Brasil,  elaborado por el diputado instructor Jovair Arantes, aceptaba la acusación de que Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Con esa decisión, adoptada por ocho votos contra dos, el Supremo da luz verde a un período de tres sesiones que comenzará este viernes en la Cámara de Diputados y concluirá el domingo con una votación en la que se decidirá si el proceso prosigue a la instancia definitiva del Senado.

Para el abogado general  el informe del instructor contemplaba casos “completamente ajenos” a la denuncia, como las investigaciones sobre los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras, “en los que la presidenta ni siquiera ha sido citada”.

Sin embargo, la Corte Suprema aclaró que tanto esa comisión como el pleno de los Diputados se limitan a decidir si se aceptan las acusaciones, ya que el juicio político como tal será aprobado y realizado por el Senado.

La votación del domingo en la Cámara Baja, determinará si el proceso continua en el Senado. Debe tener el apoyo, al menos, de 342 de los 513 diputados.

De ser así, en un plazo aún no definido pero que se estima de quince días, los 81 miembros del Senado decidirán, por mayoría simple, si efectivamente se abre el juicio político contra la mandataria y Rousseff tendría que separarse del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para realizar el juicio.

En ese período debería ser sustituida por Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si la mandataria perdiera el cargo.