Para la Casa Blanca, el TLCAC “presenta la oportunidad única de promover la democracia, seguridad y prosperidad en una parte del mundo que se caracterizó en el pasado por la opresión y dictaduras militares”.

La Casa Blanca hace concesiones a demócratas y republicanos pero aún queda el Congreso
El Senado de los Estados Unidos aprobó, por 54 a 45 votos, el Tratado de Libre Comercio con América Central y República Dominicana (TLCAC). Finalmente la propuesta contó con el apoyo de varios senadores demócratas que anteriormete se opusieron al tratado.

Estos aseguran ahora que se han dado garantías de mejora en los rubros de protección laboral de trabajadores aquí y en la región cubierta por el acuerdo, y de protección del medio ambiente. La senadora californiana Dianne Feinstein apoyó el tratado luego de antes haber dicho que se mantendría al margen. La otra senadora de California, Barbara Boxer, votó en contra.

El acuerdo que ahora pasa a la Cámara de Representantes donde la oposición es más sólida de parte de demócratas y republicanos. Pero ayer el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja aprobó el acuerdo que ahora pasa al pleno de ese cuerpo cuando los representantes retornen del feriado del 4 de julio por la Independencia de Estados Unidos.

Por considerarse bajo la llamada vía rápida o fast track, el Congreso puede apoyar o rechazar el acuerdo, pero no enmendarlo.

Sin embargo, las promesas que ha formulado la Casa Blanca a republicanos y demócratas de estados que se verían afectados por el pacto equivalen prácticamente a enmiendas. Queda por ver si todas esas promesas se cumplen.

El miércoles, el senador demócrata de Nuevo México, Jeff Bingaman, apoyó el TLCAC en el Comité de Finanzas del Senado pese a que hasta ahora se había opuesto. Pero dijo que lo hizo luego de que la administración del presidente George W. Bush le aseguró que se destinarán fondos para la protección laboral y del medio ambiente (160 millones de dólares en cuatro años) y 150 millones de dólares en cinco años para proveer subsidios a los agricultores de tres de las seis naciones signatarias que se verían afectadas por un alza en la importación de productos agrícolas estadounidenses por sus países.

Los países signatarios del acuerdo son El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.