El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha rechazado los recursos interpuestos y confirmado la legalidad del procedimiento por el cual el Gobierno de España declaró ilegal al partido político pro etarra Batasuna. En su resolución, cinco jueces aseguran que no puede exigir protección “un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias normas de la democracia”.
Recurre a la violencia y es antidemocrático
Los cinco jueces que componen la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, han acordado no aceptar las demandas promovidas por Batasuna, Herri Batasuna y varios de sus dirigentes contra la ilegalización de ese partido proetarra. En cambio, han confirmado que la sentencia emitida tras el procedimiento judicial abierto por el Gobierno de España contra ese partido político ilegalizado, no supuso ninguna vulneración a los derechos de asociación y libertad de reunión.
De esa forma, el tribunal declara, en aplicación del artículo 44.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, la firmeza del fallo dictado el pasado 30 de junio por el que se confirmó el proceso de ilegalización llevado a cabo por la justicia española.
De acuerdo con la sentencia, el Tribunal de Estrasburgo reconoció que Batasuna era una formación política utilizada como instrumento de la estrategia terrorista de ETA y que su ilegalización fue “proporcional al fin legítimo perseguido”. Además, señala que la ilegalización “puede considerarse como necesaria en una sociedad democrática, especialmente para mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y las libertades”.
El proyecto político de Batasuna, afirman los jueces de Estrasburgo, “está en contradicción con la concepción de la ´sociedad democrática´ e implica un gran peligro para la democracia española”. También han concluido que no hubo violación al Artículo 11 de la citada convención, que garantiza la libertad de asociación.
Otra de las alegaciones de Batasuna apuntaba a que con su disolución se buscaba la “eliminación de la corriente política independentista vasca de la vida política y democrática”, el Tribunal recordó que muy alejados de las tesis de la izquierda nacionalista y radical vasca que encara, hay “varios partidos políticos considerados `separatistas´ que coexisten pacíficamente en varias comunidades autónomas española”.
El Tribunal de Estrasburgo destaca que los partidos políticos pueden exigir el cambio de la estructura constitucional de un Estado a través de medios legales y democráticos y, siempre y cuando su propuesta sea compatible con los derechos fundamentales.
Los jueces, concluyen: “Un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias normas de la democracia o que conduce a la destrucción de la misma, así como a ignorar los derechos y las libertades que ésta reconoce, no puede prevalerse de la protección de la Convención contra las sanciones impuestas por estos motivos”.
Desde el PP, la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, saludó la ratificación de la ilegalización de Batasuna porque “refuerza la lucha antiterrorista”. Aseguró que “las noticias de este tipo siempre son buenas” y añadió que su partido “siempre” ha compartido la necesidad de ilegalizar a la formación proetarra.
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