En la entrega previa de esta serie se ofreció un mapa de las zonas de influencia de las FARC, el ELN y las bandas criminales (Bacrim) resultantes de la desmovilización paramilitar. Se destacó cómo el grueso de la violencia colombiana se concentra en zonas con producción mineral y de hidrocarburos.

En vísperas del posconflicto colombiano, el cual se iniciaría en marzo de 2016, se torna relevante garantizar que la actividad petrolera en Colombia no continúe siendo sustento para el crimen y la agresión contra los ciudadanos. Ha de corregirse una historia donde se observa que desde los pozos de hidrocarburos colombiano no sólo brotan petróleo y gas, sino también dolor y sangre.

Dentro de los procedimientos guerrilleros y paramilitares asociados con la industria de hidrocarburos, el más obvio es la construcción de refinerías ilegales, en las cuales se fabrica la gasolina necesaria para la extracción de base de coca. Los grupos armados ilegales incorporan el narcotráfico como fuente de ingresos y de allí que empleen estas refinerías artesanales. Siguiendo a Massé y Camargo:

No es fortuito que varias de las zonas donde la fuerza pública ha concentrado sus esfuerzos para el desmantelamiento de refinerías ilícitas de crudo se concentren en áreas donde coinciden cultivos de coca, oleoductos petroleros y, por supuesto, todo tipo de actores armados ilegales.”

Los grupos ilegales también hacen cálculos económicos sobre las actividades mineras y extractivas. El estudio de Massé y Camargo reseña cómo explotan sus propias minas de oro, contando con excavadoras y maquinarias propias. En el caso de los hidrocarburos, la inversión en maquinarias y equipos es mucho más costosa y difícil de disimular. Los autores no elaboran mucho sobre este punto.

Hay dos estrategias ante estos “costos de entrada” elevados que tienen la exploración y producción. Una posibilidad es dedicarse a extorsionar a las empresas que sí tienen los recursos y permisos legales para extraer petróleo. Sobre esta modalidad elaboran los dos académicos y se comentará cómo involucra el negocio de seguridad privada para las petroleras, la contratación de trabajadores y la penetración de comunidades.

La otra opción consiste en entrar en otras actividades del negocio petrolero que tengan menor inversión de capital. La intuición invita a pensar en el negocio de transporte de combustible. El contrabando de gasolina es una de las prácticas y ha sido objeto de la polémica fronteriza reciente entre Colombia y Venezuela. Ahora bien, también se puede operar flotas propias de transporte de hidrocarburos.

La lógica económica revela que estos grupos entrarán directamente en el negocio petrolero en aquellas etapas donde sea menor la inversión de capital o requiera menos pericia técnica. Y el transporte y todo el resto de actividades petroleras aguas abajo son apetitosos en tal sentido
En exploración y producción, los denominados negocios aguas arriba, la modalidad consiste en capturar rentas ilegales, en lugar de operar instalaciones propias. Un problema terrible, ya anticipado en la entrega previa, es que muchas veces las autoridades municipales en zonas petroleras son cómplices de estas prácticas y las promueven. Estas conductas corruptas recurren a los grupos armados para amenazar a los electores y obligarles a votar por ciertos candidatos; en contraprestación, se da acceso a rentas petroleras. Nuevamente da evidencia sobre estos procedimientos la crónica de hechos del ex paramilitar ‘Pijarvey’, conocido como el “capo de los Llanos Orientales”  y recientemente abatido por las fuerzas del orden (3):

La Policía señaló que los documentos dan cuenta de reuniones que el narco había coordinado con aspirantes a alcaldías en Vichada, Meta y Guaviare, y hasta con candidatos a la gobernación. Investigadores dicen que esos sectores políticos habían buscado al bloque Libertadores del Vichada, disidencia del Erpac, para generar presión en las comunidades y así obligarlas a entregar el voto por un candidato particular (…) Alcaldías entregaban bases de datos a ‘Pijarvey’ para que su organización criminal les cobrara el 10 por ciento del valor de los contratos a cambio de dejarlos trabajar.”

Me limito a citar la fuente. No tengo evidencias propias.

El servicio de contratistas petroleros donde hay mayor penetración de los ex paramilitares se ubica en la seguridad privada. Los empleados responsables de seguridad en instalaciones petroleras, generalmente contratados mediante tercerización (outsourcing) pueden incorporar a paramilitares desmovilizados y, sin duda, este negocio también sería atractivo para los guerrilleros de las FARC que pasarán a ‘retiro’.

Massé y Camargo señalan la proliferación de empresas de vigilancia y servicios de seguridad en Colombia: 4.150 compañías en 2012 (pág. 179) y que no siempre cumplen los estándares ni están bajo el perímetro de acción de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia (4). Con más o menos extorsión, o incluso voluntariamente y quizás hasta por omisión, las petroleras pueden estar contratando para protegerlas a sujetos acostumbrados a la violencia. Precisamente la acción empoderada de la Superintendencia de Vigilancia sería el mejor control para evitar que esto ocurra. ¿Qué procedimientos pueden aplicar exparamilitares y exguerilleros contratados como vigilantes?

Los grupos armados también generan desmovilización de poblaciones rurales y en especial de grupos vulnerables como indígenas, en las zonas donde hay exploración petrolera prevista o en curso. Hay una doble perspectiva para este proceder. Los irregulares pueden anticiparse a la prospección y producción petrolera, retirando a la población civil de la zona y exigiendo compensación a las empresas por “habilitarles el terreno” para el negocio petrolero aguas arriba. En casos más perversos, deliberadamente un contratista o petrolera recurre a esta práctica de desalojo ilegal.

Empleando la nomenclatura para desplazamientos forzados de la Fundación Ideas para la Paz, que citan los autores, se habla de la categoría “acción” para “aquellas empresas que participan o se benefician activamente de los eventos de desplazamiento interno”. En tal modalidad se presume que hay complicidad activa de las empresas y de las contratistas petroleras con los grupos armados irregulares. La otra categoría es “omisión”, y son “aquellos casos de empresas minero-energéticas ‘que sabiendo o no de la ocurrencia o riesgo de DFI [desplazamiento forzado interno] no toman medidas para evitar contribuir a su generación, ni para ayudar a su prevención o mitigación.” (pp. 176-177).  La negligencia de las compañías petroleras en estos casos  termina siendo también una forma de complicidad, si bien es difícil exigir controles y buenas prácticas privados ante la flagrante ausencia de Estado.

La acción extorsiva tiene otro amplio perímetro de acción sobre los proveedores de la industria. Los grupos violentos pueden imponer contratación de ciertos servicios a las empresas petroleras y hacerlas pagar sobreprecio. A cambio, se ofrece “seguridad” y garantía de que no habrá ataques contra las instalaciones de las compañías.

Dentro de estos proveedores, entra la fuerza laboral. Las empresas en exploración y producción privilegian la contratación de mano de obra en las comunidades adyacentes a su zona de operación. Los irregulares tienen entonces una veta de negocio rentable: movilizan personas hacia estas zonas y las registran como locales, lo cual también genera votos para políticos corruptos. Siguiendo a Massé y Camargo, se tiene esta percepción a partir de grupos paramilitares que supuestamente habrían dejado las armas durante la administración de Álvaro Uribe:

En los últimos años los grupos armados ilegales se han convertido en proveedores de trabajadores para grandes empresas extractivas, particularmente petroleras. La práctica no es generalizada, pero en algunas regiones, como en el oriente del país, específicamente en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), la coincidencia de un territorio con vastas riquezas petroleras y el control territorial y social ejercido durante varios años por el Ejército Revolucionario Antisubversivo de Colombia (ERPAC), facilitó que esa estructura de pos-desmovilización no solo influyera aparentemente sobre la seguridad de campos petroleros ubicados en su interior, sino que se involucró también en la ruta de vinculación de mano de obra no calificada a empresas petroleras mediante la infiltración de Juntas de Acción Comunal.”

Esta presión violenta desde el eje trabajadores-comunidades tiene al menos dos modalidades. En este espacio denominaría “represiva” a aquella en que los grupos armados amenazan a trabajadores, sindicatos y comunidades, con el visto bueno de las empresas petroleras, cuando tales colectivos exigen mejoras en sus condiciones de vida a las compañías. En otro contexto, ocurre precisamente lo contrario y son los grupos irregulares los que promueven movilizaciones laborales y comunitarias contra las petroleras y sus contratistas, exigiendo compensación económica para calmarlas.

El trabajo de Massé y Camargo se publicó en 2013. No obstante, la situación tiene dolorosa vigencia, como ya evidenció el caso ‘Pijarvey’. Otra noticia reciente, en vísperas de las elecciones municipales colombianas que ocurrirán el 25 de octubre, muestra que este modus operandi delictivo desde las comunidades sigue vigente en Colombia. El diario El Tiempo reseña el 4 de octubre que hay siete candidatos a estas elecciones ya asesinados y otros ciento cincuenta y siete  están amenazados de muerte. Una de las víctimas podría haber estado presuntamente implicada en este tema de contrataciones forzosas, según sugiere la publicación. (5):

“El 20 de septiembre [de 2015] fue asesinado el candidato al Concejo de Aguazul (Casanare) Luis Iván Roa Castro. Era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Monterralo. El líder estaba vinculado al enganche de personal para petroleras. De hecho, Ecopetrol salió a lamentar su muerte: ‘La Empresa destaca la importante labor comunitaria que desarrolló, especialmente en la articulación de grandes procesos para el beneficio de los habitantes de su vereda y de todo el corregimiento de Cupiagua’. La zona tiene influencia del ELN, pero hay exparamilitares para los contratos.”

Debo destacar que desde Inteligencia Petrolera me limito a citar esta documentación y no hago juicio de valor sobre el proceder de este líder comunitario asesinado. No tengo evidencia para decir si fue cómplice o más bien se resistió a las contrataciones ilegales. Lo único que puedo hacer es condenar esta violencia homicida contra él.

Esta radiografía del terrorismo sobre la industria de hidrocarburos colombiana, más que al horror y el lamento, ha de invitar al pensamiento constructivo y la acción. En estos momentos el precio del petróleo está en mínimos de un quinquenio; no obstante, hacia 2016, es previsible una mejora en precios al retirarse de producción las petroleras con mayores costos. Se presume que cuando se inicie el posconflicto, será más apetitoso el botín petrolero de lo que es ahora. En tal sentido, es preciso que haya una acción de la Ley, las Fuerzas Armadas  y las instituciones para lograr que el sector petrolero y gasífero, decisivo para financiar servicios públicos y garantizar un sector externo equilibrado, pueda por fin operar en paz.

Notas

(1) Ver: http://inteligenciapetrolera.com.co/inicio/en-visperas-de-la-paz-terrorismo-guerrillero-y-paramilitar-en-sector-de-hidrocarburos-por-carlos-goedder/

(2) MASSÉ, Frédéric y Johanna Camargo. “Capítulo 4. Industrias Extractivas y Conflicto Armado en Colombia.”  En: Los retos de la gobernanza minero-energética.  Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, pp. 149-194

(3) EL TIEMPO. “Narco ‘Pijarvey’ pretendía tener contratos petroleros.” Bogotá: El Tiempo, viernes 2 de octubre de 2015, sección “Debes saber”, pág. 4.

(4) Su página web es: http://www.supervigilancia.gov.co/

(5). UNIDAD INVESTIGATIVA. “Van 7 candidatos asesinados y 157 bajo amenazas.” Bogotá: El Tiempo. Domingo 4 de octubre de 2005. Sección “Debes Saber”, pág. 12.

@carlosgoedder/Facebook: Carlos Goedder/carlosurgente@yahoo.es

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