80% de las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en Colombia en los últimos diez años se produjeron en regiones minero-energéticas.

Los guerrilleros no solo realizan ataques sobre instalaciones petroleras; también consiguen penetrar las comunidades que están legalmente empoderadas para negociar con las petroleras, promoviendo acciones de protesta contra las compañías o exigiéndoles contratación de ciertos proveedores y trabajadores. Un reciente artículo periodístico muestra el alcance de estas prácticas en la producción de Ecopetrol (1):

“Según cifras de Ecopetrol, el año pasado se dejaron de producir cerca de once millones de barriles por problemas de entorno, es decir, bloqueos y protestas que obligaron a detener o reducir la operación de los yacimientos. Esto es equivalente a casi 3% de la producción nacional”.

En la zona de operación del campo Cira Infantas, parte fundamental de la historia petrolera colombiana y con producción diaria de 40.000 barriles, se evidencian varios de los problemas que confronta el departamento petrolero de Santander. Siguiendo a la misma fuente:

“Cifras de Ecopetrol concluyen que sólo en esa región, por cada 1.000 millones de dólares contratados, cerca de 60 millones van a parar a manos de personas que presionan a las empresas para que compren productos determinados a personas determinadas. Este caso ha causado tanto revuelo que, como pudo establecer este diario, la Superintendencia de Industria y Comercio ya tiene en curso investigaciones para determinar si allí hay una presunta ‘cartelización’ de empresas que se ponen de acuerdo para establecer tarifas y cuotas de producto que deben comprar los contratistas de Ecopetrol a personas que serían elegidas por estas juntas”.

Un trabajo académico, publicado en 2013, analiza el impacto de la actividad guerrillera y paramilitar sobre la industria de minería e hidrocarburos colombiana. Los autores son los profesores Frédéric Massé y Johanna Camargo y su estudio forma parte de una colección de ensayos publicada por la Universidad Externado de Colombia (2).

Se va a comentar este trabajo en dos entregas. Además de su valioso aporte, el ensayo académico incorpora varias fuentes para estudiar el problema del terrorismo armado sobre la industria minera del oro y la de hidrocarburos.

Comenzando el siglo XXI, Colombia asistió a la desmovilización de los paramilitares, entre 2003 y 2006, además de una mayor represión del Estado hacia los guerrilleros. Las declaraciones de paramilitares que dejaron las armas han sido fuente de información para conocer mejor el modus operandi del terrorismo sobre la industria minero-extractiva.

Una consecuencia no deseada de esta acción más firme contra las guerrillas, desde la Administración Uribe, fue que los grupos armados se desplazaron hacia zonas menos accesibles, montañas y selva, donde se concentra importante producción de hidrocarburos y minerales. Los autores lo expresan en estos términos:

“Diez años de política de seguridad democrática dieron lugar a la expulsión de las FARC y ELN a lo profundo de la selva o de las montañas, donde justamente coinciden importantes actividades petroleras y mineras. De tal manera que el mapa del conflicto armado interno y de los recursos minero-energéticos han venido o han vuelto a superponerse, generando nuevas preocupaciones. Según algunos estudios, ‘el 80% de las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en Colombia en los últimos diez años se produjeron en regiones minero-energéticas y el 87% de las personas desplazadas proceden de estos lugares´”.

Este mayor interés de los grupos armados irregulares sobre la industria del oro e hidrocarburos está correlacionado con un tema económico, y podríamos hablar de una ”economía de la violencia”. Los guerrilleros responden a los niveles de precios del oro y el petróleo, los cuales hacen más apetecible el botín cuando hay precios elevados, como fue la mayor parte de la década 2004-2014, donde hubo una interrupción puntual de bonanza por la crisis financiera en EEUU y Europa, contrarrestada por el auge del crecimiento económico chino.

Es plausible considerar que en estos últimos doce meses de caída en precio de hidrocarburos son menos rentables el ataque y la extorsión a las petroleras. No obstante, hay otro elemento, que es el precio relativo de hidrocarburos y minerales respecto a otras actividades delictivas. El narcotráfico, por ejemplo, ha tenido cada vez más represión y sanción criminal, lo cual promueve migrar hacia el negocio minero-extractivo para generar rentas criminales a menor costo. Hay dos términos económicos bastante afortunados en el documento para describir esto: la “captura ilegal” de rentas de recursos naturales y la “diversificación del portafolio de actividades ilícitas” de la guerrilla.

El caso del oro es una referencia relevante. El estudio señala que de la producción aurífera colombiana en 2010, apenas 14% provino de la minería legal. El resto incorpora la “minería de hecho”, donde se mezclan la minería “informal”, sin contratos definidos y con técnicas no homologadas por las autoridades, además de la minería “ilegal criminal”, donde actúan los guerrilleros. La estimación provista por los autores, a partir de la Defensoría del Pueblo Colombiano, indica que 50% de las minas de oro del país es ilegal y en 44% de los municipios colombianos existe explotación ilegal de carbón, oro u otro mineral.

El mapa de la violencia en el sector minero-extractivo incorpora esta presencia geográfica, según los dos académicos:

“Las FARC son el grupo armado ilegal que más influencia ejerce en este sector, con presencia en departamentos como Antioquia, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Nariño y Tolima. Según la policía, esa guerrilla obtendría hasta 20% de sus recursos de la explotación ilegal de oro. Le sigue el ELN, con presencia en el sur de Bolívar, Chocó, Nariño y Santander, pero las llamadas bancas criminales (BACRIM), grupos herederos de los paramilitares, están cada vez más involucradas en estas actividades, principalmente en Antioquia, sur de Córdoba, Cauca, Valle y Nariño.”

La violencia sobre el sector de hidrocarburos se rastrea desde finales de la década de 1970, de acuerdo a los autores. Señalan como caso histórico de referencia el de la acción del ELN contra los oleoductos de la empresa Mannesman, asociada de Ecopetrol. Los paramilitares desmovilizados han referido como algunas multinacionales minero-energéticas contrataron sus servicios para seguridad. El estudio menciona a Drummond, BP y Perenco. Desde marzo de 2011 el gobierno condena la realización de pagos extorsivos a grupos armados ilegales, si bien, ante ausencia del Estado en algunas regiones, podría no haber alternativa.

Hay otro problema grave. La complicidad entre autoridades regionales y grupos armados ilegales para captura de rentas petroleras. La guerrilla exigiría a los alcaldes de municipios petroleros una cuota de las regalías obtenidas por hidrocarburos, pero también ocurre la entrega voluntaria. El artículo señala que en 2011 una corte judicial bogotana condenó a seis exalcaldes del departamento de Casanare por haber buscado apoyo de los paramilitares durante la campaña electoral, dándoles a cambio 50% del presupuesto de regalías municipal y acceso a 10% de los contratos con petroleras.

La próxima entrega elaborará más sobre los procedimientos y logística de estos grupos violentos, siguiendo este trabajo académico, que formaliza tan inquietante problema.

Notas

(1) GÜESGUÁN SERPA, Óscar. “Regiones petroleras, el otro país.” Diario Económico El Salmón.  Bogotá: El Espectador, 27 de septiembre de 2015, pp. 4-5.

(2) MASSÉ, Frédéric y Johanna Camargo. “Capítulo 4. Industrias Extractivas y Conflicto Armado en Colombia.”  En: Los retos de la gobernanza minero-energética.  Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, pp. 149-194

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Este artículo está en Inteligencia Petrolera.