Esta mañana el Consejo de Ministros ha aprobado la esperada Ley de Acción Exterior, a través de la cual el Gobierno central pretende coordinar y hacer eficaz la acción exterior del conjunto de las administraciones publicas españolas, especialmente con las Comunidades Autónomas
Aprobada la Ley de Acción Exterior
Esta mañana durante el Consejo de Ministros, el Gobierno ha dado luz verde a la Ley Acción Exterior, aunque aún queda para su remisión en las Cortes. Con ella pretende coordinar su actividad en el exterior de España. Además reforzará los procesos colegiados de toma de decisiones y su evaluación con vistas a la armonización de la acción exterior con la política exterior.
Otro de los objetivos con los que pretende cumplir esta ley es tener un uso más eficiente de los recursos evitando duplicidades y fomentando ahorros. Es decir, el Consejo ha votado una ley, cuyo objetivo final es dotar a la acción exterior del Estado de una visión estratégica y coherencia interna más allá de las políticas sectoriales.
Esta nueva ley se sustenta sobre siete principios fundamentales, según informa La Moncloa: “unidad de acción en el exterior; lealtad institucional y coordinación; planificación; eficiencia; eficacia y especialización; transparencia y servicio al interés general”.
El Proyecto de Ley reforzará la capacidad del Gobierno, tanto en política exterior como en coordinar la acción exterior. Además facilitará la rehabilitación del Consejo de Política Exterior, y su Consejo Ejecutivo.
Esta Ley va a concebir “el Servicio Exterior del Estado como el instrumento fundamental para la ejecución de la política exterior y la acción exterior al integrar en él a todos los órganos de la Administración General del Estado que actúan en el exterior, así consagrar a los Embajadores como los órganos directivos a los que corresponde la coordinación de todos ellos”, ha informado La Moncloa a través de su página web oficial.
Este texto se centra en establecer un sistema de “información y comunicación de las actuaciones en el exterior y de los viajes y visitas al exterior de todos los actores que se especifican. Persigue una doble finalidad: que el Gobierno facilite a los sujetos de la Acción exterior apoyo en su ejecución y, en lo que a los órganos constitucionales y Administraciones públicas concierne, que pueda emitir recomendaciones acerca de la adecuación de dichas actuaciones a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior y a la Estrategia de Acción Exterior”.
En cuanto a la coordinación de esta nueva estrategia, se tendrá en cuenta de manera especial un órgano clave para la lograr sus objetivos, que será el Consejo de Política Exterior. Este órgano tendrá un protagonismo esencial “a través de su Consejo Ejecutivo, al que corresponde formular propuestas relativas a la adecuación y mejor ordenación de los medios humanos, presupuestarios y materiales del Servicio Exterior”.
Otro aspecto que ha sido tratado durante el Consejo de Ministros en la aprobación de este Proyecto de Ley ha sido el establecer una nueva configuración de la organización de la Administración del Estado en el exterior, a través del Servicio Exterior del Estado, “que persigue la unidad de acción de todos los órganos de la Administración General del Estado en el exterior”.
Rueda de prensa tras el Consejo
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo, que la nueva la Ley de Acción Exterior define objetivos y prioridades y se evaluará su cumplimiento. El titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo dice que la ley establece los objetivos y un marco a cuatro años vista. Se establece un “consejo de política exterior”, ha indicado el ministro, que señala que la iniciativa pretende una acción exterior coherente al servicio de los intereses de los españoles.
Entre las novedades, está la posibilidad de establecer representaciones conjuntas con países de América Latina. “La suerte de los españoles depende cada vez más de lo que sucede en el exterior, en términos de seguridad, de economía, de suministro energético”, ha explicado. Según ha anunciado, con la nueva norma, se pretende ganar en eficiencia y en ahorro en un contexto de perspectivas financieras difíciles. “También aumentar la coordinación entre las instituciones españolas en el extranjero”, ha dicho el Ministro de Exteriores.
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