En un auto hecho público este lunes, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha cursado al Gobierno chileno una comisión rogatoria para que pueda interrogar a Lucía Hirart (viuda del dictador Augusto Pinochet), al abogado Óscar Custodio y a Pablo Granifo y Hernán Donoso, ex altos cargos del Banco de Chile.

 

Y es que Garzón ha fijado para ellos el pago de una fianza de 51,4 millones de euros que deberían abonar en los próximo diez días tras ser imputados por los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El juez advierte que en caso de no depositarse el dinero, se procederá al embargo y bloqueo de cuentas bancarias por un tercio más de la cantidad fijada: 68,5 millones de euros.

 

Según informa la agencia de noticias EFE, en su auto Garzón ha añadió a la querella que en 1998 presentó a Fundación Española Presidente Allende por terrorismo, genocidio y torturas, los delitos de blanqueo de capitales en conexión con uno de alzamiento de bienes respecto a los ex altos cargos del Banco de Chile.

 

En 2004, Garzón ya había imputado por los dos últimos delitos a la esposa de Pinochet y a su abogado, así como al dictador y a responsables del “Riggs Bank”. En esa institución financiera estadounidense, el dictador mantenía cuentas secretas por diez millones de dólares. La fundación pidió en 2007 que se ampliara la querella. La Fiscalía respondió favorablemente en mayo de 2009, dejando fuera el delito de alzamiento de bienes al considerar que la Audiencia Nacional no es competente.

 

Pero, recuerda EFE, Garzón admitió la ampliación señalando que deberían practicarse diligencias para identificar “a los que emitieron las correspondientes órdenes que propiciaron la desaparición de los fondos de la familia Pinochet, el eventual blanqueo de los mismos y las demás circunstancias que determinaron el resultado delictivo”.

 

Garzón considera que fue “a través de las entidades bancarias que se mencionan (Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos) como se produjeron las maniobras que concluyeron en la desaparición o disimulación de importantísimas cantidades de dinero, de origen presuntamente ilícito”.

 

En febrero de 2005 fue archivada la causa respecto al “Riggs Bank” después de que la institución pagara una multa de dieciséis millones de dólares y reconoció ante el Departamento de Justicia de EEUU que cometió un delito al no informar a las autoridades de transacciones que apuntaban al lavado de dinero de Pinochet.