Ricardo Lozano, director general de Seguros y Fondos de Pensiones, ha sido imputado por los delitos de falsedades, revelación de secretos y prevaricación. El Ministerio de Economía dice que “no hay nada de qué preocuparse”.
Economía: “No hay nada de qué preocuparse”
El Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, ha admitido a trámite una querella criminal interpuesta por la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) y ha imputado a Ricardo Lozano, el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, un organismo dependiente del Ministerio de Economía, por los delitos de falsedades, revelación de secretos y prevaricación.
La AMA, una mutua de los profesionales sanitarios, asegura en la querella interpuesta que Lozano cometió prevaricación en la tramitación de los distintos expedientes remitidos a la aseguradora. El director general tendrá que comparecer ante el juzgado el 28 de diciembre. Le acompañarán un antiguo predecesor en el cargo y la ex responsable de auditoria interna y su marido.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, Lozano se encuentra “muy tranquilo” porque considera que se trata de un “mero trámite” judicial que le “va a servir para que pueda defenderse tras la campaña de la que ha sido objeto en algún medio de comunicación”.
Economía afirma que ante la querella interpuesta “no hay nada de qué preocuparse” porque, recordó, la
Dirección General de Seguros abrió un expediente por
“irregularidades gravísimas” contra la
AMA que terminó en una “sanción multimillonaria y con inhabilitación de altos cargos”. Al quedarse sin argumentos, asegura, la mutua presenta una querella, que ha sido admitida a trámite dentro de los cauces judiciales ordinarios.
Cabe recordar que este jueves, la Audiencia Nacional ha ratificado la inhabilitación por veinte años contra el presidente de la AMA, Diego Murillo, que podrá recurrir. La instancia de Lozano también promovió inhabilitaciones por excesos en el cobro de dietas contra el actual secretario de la mutua, Manuel Campos, y su predecesor en el cargo, Manuel Sánchez García. Además, fueron multados con 225.000 euros cada uno los miembros del Consejo de Administración de la AMA a los que se les exigió regresar en tres meses, 2,5 millones de euros que recibieron indebidamente entre 2004 y 2007.
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