La delincuencia en todas sus formas y la inseguridad ciudadana, acaparan en conjunto el primer lugar de las preocupaciones de los dominicanos, una realidad que nos golpea a todos por igual. No hay distinción de ningún tipo, lo que hace urgente atacar las causas de la delincuencia junto a sus consecuencias.

Según la última encuesta de Gallup, publicada en el periódico Hoy, de Julio de este año, el 66.9% de la ciudadanía cifra los “robos, asaltos, bandas y delincuencia en general”, como el primer motivo de preocupación o su principal problema. A este porcentaje se suma el 2% que cita la “inseguridad ciudadana” como principal problemática. En total: 69% de los encuestados, una mayoría abrumadora solo seguido por el costo de la vida (43.9%) y el desempleo (37.4%).

Los tres factores mencionados anteriormente tienen directa relación entre sí. Ante el enorme desempleo que existe en el país, del 16% según la Organización Internacional para el Trabajo (OIT) y que llega al 29,3% si se trata de jóvenes. 

El segundo factor, el costo de la vida, es igual de determinante. Solo en mayo de este año, ocho productos de la canasta básica aumentaron su valor. Mientras la mayoría de los dominicanos que trabajan no superan los 10 y RD$ 20 mil mensuales, la canasta básica supera los RD$ 26,800, según datos del Banco Central. 

La falta de oportunidades y una vida cuyo costo se hace insostenible; sumado a la baja calidad de la educación pública y la pobre cobertura de servicios elementales como salud y vivienda, se conjugan para formar una “tormenta perfecta” que ha provocado un aumento sostenido de la delincuencia y la violencia desde el año 1996 cuando la tasa de homicidios era de 11 por cada 100,000 personas hasta la actualidad que se coloca en 23 homicidios voluntarios por cada 100,000 personas que es uno de los 20 índices más altos entre los países que son medidos a nivel mundial, según el "Homicide Monitor" (Observatorio de Homicidios), de la ONG brasileña Instituto Igarapé, publicado en mayo de este año. 

Como podemos ver, no se trata de percepción errada por parte de los dominicanos. Es una triste realidad que azota nuestro país de forma desesperante.

Los planes de contingencia no han dado los resultados esperados. El Gobierno solo pudo lanzar el Plan de Seguridad Ciudadana pero sin grandes retornos que mostrar. La reforma policial de su lado permanece en el aire, pues ninguna reestructuración significativa se podrá lograr sin la asignación apropiada de recursos.  

Desde el Congreso, en los últimos diez años hemos venido discutiendo una nueva Ley de Armas, ya que la vigente data del 17 de octubre de 1965, es decir, combatimos el descontrol del porte y tenencia de armas de fuego con una legislación de 50 años de antigüedad, aprobada en un contexto de guerra civil. No obstante el consenso logrado para que el proyecto fuese aprobado en la Cámara de Diputados, luego de innumerables foros de debate, vistas públicas, talles con expertos nacionales e internacionales, este perimió una vez más en el Senado al terminar la legislatura.

Algunas de las críticas legítimas al proyecto radican en que este no busca el desarme de la población y que supuestamente habilita a civiles a acceder a armas automáticas, algo que queda claramente desmentido en el artículo 6, párrafo 2 y en el artículo 21 del proyecto de ley, que se refiere a armas prohibidas y restringidas y quiénes tienen acceso a las armas restringidas. Además, hay voces que critican la duración de las penas. En cuanto a ese cuestionamiento, algunos proponen penas de entre 30 y 40 años. Nosotros entendemos su posición, pero creemos que se desvirtúa el debate al querer enfocarse en ello pues no se trata de qué tan largas sean las penas sino más bien de cómo se aplican estas junto con el debido trabajo policial.

Por lo demás, la ley de armas sometida al Senado estipula penas para diversos delitos como el tráfico de armas: 10 a 20 años de prisión; almacenamiento de armas prohibidas: 10 a 20 años; imprudencia o facilitación de armas: 10 a 20 años; fabricación ilegal: 10 a 20 años. De igual modo, la tenencia de armas de la Policía o Fuerzas Armadas, conlleva una pena de 4 a 10 años. Todas estas penas carcelarias van en consonancia con lo estipulado en el Código Penal Dominicano y sobre la base de los acuerdos y tratados internacionales que legislan sobre el porte y tenencia de armas.

Las armas por sí solas no son causa de la violencia, más bien son una consecuencia de la violencia generalizada. El desarme es creer que la fiebre se encuentra en las sábanas. Por ello, lo que buscamos es combatir el tráfico ilegal y perseguir a quienes las adquieren mediante el robo.

Reconocemos que una ley de este tipo no es suficiente para cambiar la inseguridad que vivimos, pues es solo un paso de muchos para derrotar la inseguridad y la violencia. En nuestra vereda en el Congreso, estamos llamados a legislar a favor del país, con leyes actualizadas, de consenso y que respondan a las actuales necesidades de la población.

Los problemas de fondo a resolver quedan a la vista de los datos previamente analizados. Sin oportunidades de empleo, sin educación ni capacitación a nuestros jóvenes, con un costo de vida que sigue en aumento; con grandes debilidades institucionales, con enormes desafíos en el poder judicial y bajo un sistema en donde la corrupción queda a la vista de todos, es más que esperable que la delincuencia se tome las calles. Mientras, las bandas delictivas tienen solicitudes de sobra para adquirir nuevos miembros, esto, porque el camino de la honradez, el trabajo y los valores que construyen un país sostenible comienzan a ver las grietas de un sistema que requiere reformas de forma y fondo.