En un comunicado de prensa, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha solicitado la nulidad del procedimiento abierto contra el presunto cerebro de la trama de corrupción conocida como “caso Gürtel”, Francisco Correa. Su petición se basa en considerar ilegal la grabación y posterior difusión de las conversaciones privadas que mantuvieron en prisión Correa y su actual abogado, José Antonio Choclán.
Difusión de las conversaciones
De acuerdo con un comunicado de prensa, la CGAE –órgano que aglutina a todos los colegios de abogados en España- ha puesto de manifiesto su “absoluto rechazo” a la violación del secreto profesional en el marco del “caso Gürtel”. Y es que durante la primera fase de instrucción del juicio, a cargo del juez Baltasar Garzón, se autorizó la grabación de conversaciones privadas entre presuntos implicados de la trama corrupta y varios de sus abogados.
Se trata de las conversiones que mantuvieron en prisión el considerado instigador de la trama, Francisco Correa, y su abogado, José Antonio Choclán. Según informa la agencia de noticias Europa Press, Choclán solicitará al órgano que actualmente investiga la trama, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) “la nulidad de las actuaciones” por las que considera “las escuchas ilegales” que se realizaron por orden del juez Garzón en el locutorio de la cárcel de Soto del Real entre Correa y su letrado sin dictarse auto para su autorización.
Según Europa Press, el CGAE entiende que ese actuar “es un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho” y que esos procedimientos, que la ley reserva de forma claramente restrictiva para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado, no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, ya que ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.
El CGAE entiende que la grabación de las comunicaciones ha sido realizada “fuera de la legalidad vigente, que deberían haber cesado o haberse destruido al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado y no haber incorporado en ningún caso las mismas al proceso, y que, en consecuencia, este vicio debe producir la nulidad del procedimiento”·
Además, el
órgano de abogados enfatiza que esas conversaciones no sólo se grabaron ilegalmente, sino que “además se han divulgado a través de los
medios de comunicación, sin que nadie haya actuado en defensa de los derechos fundamentales de las personas afectadas, causando un
daño irreparable”.
Finalmente, recuerda que “el deber de secreto profesional de los letrados tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente, que además adquiere una dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en la profesión de abogado y, en consecuencia, una garantía del derecho de defensa de todos los ciudadanos”.
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