Tanto la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de Honduras entregaron a los diputados sus respectivos dictámenes no vinculantes sobre la posible restitución de Zelaya en la presidencia. No son buenas noticias para el mandatario depuesto.
Dictamen no vinculante
Aunque tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía General querían no hacer público el contenido de sus dictámenes sobre la legalidad o no de la vuelta de Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras hasta que lo conocieran los miembros del Congreso Nacional, no han podido evitar filtraciones. Las fuentes citadas por los medios coinciden en señalar que ambas instituciones consideran que un retorno al poder del mandatario depuesto sería contrario a la ley. Su dictamen no es vinculante, pero puede ser tenido en cuenta por los diputados a la hora de votar.
Poco después de que se filtrara la oposición de los magistrados al retorno de Zelaya, el apoderado legal de a Fiscalía General, Nick Atala, y el portavoz de esta institución, Melvin Duarte, entregaban en el Congreso el dictamen del Ministerio Fiscal, según informa la prensa local. Atala dijo a los periodistas que no estaba facultado para revelar el contenido a la prensa, mientras que Duarte señaló que “se ha hecho el análisis jurídico sobre el punto número 5 del acuerdo Tegucigalpa – San José“.
Dicho apartado del acuerdo con el que se pretendía poner fin a la crisis política en Honduras dice: “Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, en el espíritu de los temas de la propuesta del Acuerdo de San José, ambas comisiones negociadoras hemos decidido, respetuosamente, que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente en respecto a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010”.
Según las fuentes que filtraron parte del contenido a emisoras de radio, la Fiscalía considera que Zelaya no puede ser restituido en el poder antes de que se resuelva su situación legal en los procesos que tiene abiertos. El ministerio fiscal recordaría en su dictamen que el ex presidente tiene pendientes 18 requerimientos fiscales en su contra. Aunque ya se ha filtrado a los medios que la Corte Suprema mantiene una postura similar, su dictamen será entregado al Congreso la próxima semana, poco antes de que los diputados voten el día 2 sobre la posible vuelta del ex mandatario a la Presidencia.
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