La solución al secuestro del atunero “Alakrana” no llega. Ahora es la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que se opone a un acuerdo que permita su expulsión de España. Luego de que Pedraz anunciara que los procesará por asociación ilícita, la acusación dijo que pedirá penas de cárcel por 219 años.
Desbarata la maniobra
El escrito de acusación que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentará al juez instructor Santiago Pedraz echa por tierra el acuerdo para que los dos piratas somalíes detenidos en Madrid puedan ser expulsados de conformidad con la Ley de Extranjería.
Una vez que el juez Pedraz anuncie la conclusión del sumario que instruye contra Cabdullahi Cabduwily, alias “Abdu Willy”, y Raageggesey Hassan Aji, alias “Raageggesey Hassan Aji”, la Fiscalía pedirá penas que al menos sumarán los 219 años y medio. En su escrito de acusación, anunciaron fuentes jurídicas, la acusación dijo que “no se apartará ni un milímetro de la vocación de hacer justicia”.
La posibilidad de que sean condenados a menos de seis años de prisión, como defiende el abogado defensor Francisco Javier Díaz “sería un fraude legal”, indicaron las citadas fuentes. Así, el Ministerio Público solicitará entre seis y diez años de prisión por cada uno de los 36 delitos de detención ilegal que se imputa a los dos somalíes, y entre tres años y medio y cinco por el delito de robo con violencia y uso de armas. En total, su petición oscilará entre los 219 años y medio y los 365 años de cárcel.
Las fuentes también adelantaron que la Fiscalía reclamará “penas altas” para los dos piratas “penas altas” con base en los informes realizados por la Comisaría General de Información y el Estado Mayor de la Defensa, los reportajes fotográficos y el material incautado a los dos somalíes, entre los que se encontraban seis móviles, 2.500 dólares y una navaja de Albacete.
La única forma de entregar a los dos piratas, tal y como sus cómplices en Somalia reclaman para liberar a los 36 tripulantes del buque “Alakrana”, pasaría por que el Consejo de Ministros les concediera el indulto después de ser juzgados o de que se alcanzara un acuerdo con este país para que pudieran cumplir condena en su territorio.
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