Transcurridos dos años de aquella deshonrosa evacuación estadounidense que generó un grave daño al posicionamiento y la reputación de Washington a nivel internacional por la falta de responsabilidad de la administración Biden y su mala toma de decisiones. El apartheid aplicado por el grupo fundamentalista talibán borró en estos dos años los derechos de las mujeres y niñas afganas, quienes no solo han caído presas de la invisibilización detrás de la burka sino que ya no pueden concurrir a las escuelas y universidades locales. Sin embargo, ante estas calamidades la administración Biden se mantiene en silencio en una posición de apaciguamiento.
Mientras tanto los derechos de las mujeres y las niñas afganas han sido abolidos por completo en la misma proporción al crecimiento del tráfico de drogas manejado por el grupo fundamentalista que se ha convertido en uno de los mayores proveedores de Europa en la ruta del opio.
No obstante, la administración Biden está llevando adelante reuniones diplomáticas con los talibanes con la intención de normalizar relaciones con el grupo, al tiempo que está enviando millones de dólares en asistencia humanitaria con dinero de los impuestos de los contribuyentes estadounidenses. Mientras funcionarios del Departamento de Estado de la actual administración han publicado un informe poco realista donde se exaltan afirmaciones del éxito de la intervención y el retiro al tiempo que culpa a los demás liberándose ellos de cualquier responsabilidad.
Lo cierto es que la revisión de la intervención militar sobre Afganistán efectuada por el Departamento de Estado cuenta con una serie de omisiones y verdades a medias donde se aprecia con claridad la falta de una política seriamente definida para Afganistán desde el momento mismo de la asunción de la administración Biden.
Tanto el documento, como las actuales reuniones de la administración con los talibanes son un mensaje poco adecuado a la realidad actual. En el informe se insiste y ratifica la afirmación de que la evacuación fue exitosa. Sin embargo, exhibe una batería de elementos que pretenden justificar lo que califica como esfuerzos “incansables” de la administración para con los afganos, aunque no tiene en consideración la realidad ni los miles de ciudadanos que tuvieron que dejar el país por la violencia de los talibanes desde el retiro estadounidense.
En contra de la respetuosa historia de las fuerzas armadas por sus veteranos y caídos en combate, menciona de manera fugaz a los trece soldados estadounidenses muertos en ataques al aeropuerto por parte de los talibanes el 26 de agosto de 2021, lo que configuró el mayor número de soldados muertos en Afganistán en un sólo día en diez años de intervención militar, al tiempo que ignora las fallas y los errores de inteligencia en Kabul y en las reuniones previas al retiro realizadas en Doha que colocaron a esos hombres en peligro de muerte ante la oleada de ataques de las motocicletas-bombas del talibán.
Es cierto que el Congreso intentó llevar adelante una investigación sobre esos hechos y la responsabilidad de la toma de decisiones durante agosto de 2021-el mes del retiro de las fuerzas militares- pero esa investigación no prosperó y fue neutralizada burocráticamente por la propia administración que no cooperó lo suficiente e incluso restringió el acceso a distinta información, documentos y comunicaciones a los miembros del Congreso alegando que todo conformaba un archivo de información militar clasificada.
Con motivo de buscar respuestas sobre la muerte de los trece efectivos militares en el Aeropuerto de Kabul horas antes de la evacuación total de Afganistán, los familiares de los caídos han llevado varias peticiones a lo miembros de la Cámara de Representantes quienes se comprometieron a brindar información y llevar adelante una nueva investigación sobre los hechos con el fin de mitigar el dolor de los familiares de los soldados muertos. Las familias exigen respuestas que nunca han recibido de parte de la administración.
De forma muy similar a lo sucedido en los hechos de Bengasi el 11 de septiembre de 2012, donde el consulado estadounidense en Libia fue tomado e incendiado por fundamentalistas que asesinaron a 2 guardias y el embajador Christopher Stevens fue secuestrado y luego asesinado, la administración Biden parece decidida a ocultar la responsabilidad sin aprender de aquellas lecciones. Los informes dados a conocer en ambos casos solo refieren a excusas pero no indican las causas fundamentales del fracaso ni refieren a medidas que ayuden a evitar que vuelvan a suceder.
En el caso afgano, la excusa de la administración refiere a problemas de coordinación entre la dirección política y militar para ejecutar la evacuación final de las tropas y el personal civil. Incluso el informe responsabiliza a los propios civiles estadounidenses que optaron por quedarse o viajar a Afganistán a pesar de las advertencias del Departamento de Estado. Pero lo más asombroso es que la administración Biden pone énfasis en que nadie pudo prevenir la velocidad con la que los talibanes tomarían el poder ante el colapso del gobierno afgano, sus fuerzas armadas y de seguridad, cuando lo cierto fue que los errores en los análisis de inteligencia fueron muy poco profesionales. Pero mucho más escandaloso es la culpa que se le otorga a funcionarios y ciudadanos de tomar riesgos, cuando lo cierto es que se ofrecieron para ayudar durante la evacuación.
Muchos funcionarios del servicio exterior trabajaron de forma profesional y eximia día y noche durante esas dos semanas -y algunos durante mucho más tiempo- realizando su trabajo de manera competente. De allí que para las familias de los soldados muertos durante la evacuación resulta inconcebible que el liderazgo político tomara decisiones tan erradas dando malas directivas a esos oficiales que se esforzaron por evacuar de forma privada y voluntaria a miles salvando cientos de vidas, incluso de ciudadanos afganos. Estos esfuerzos, en muchos casos constituyen un hecho que debería haber sido reconocido en lugar de ser menospreciado y criticado.
El hecho es que el presidente Biden y su equipo de seguridad nacional, incluidos Antony Blinken y Jake Sullivan, son criticados por varios sectores por ignorar deliberadamente los consejos de sus jefes militares, de funcionarios del gobierno afgano y de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos que fueron relativizados por la administración, el resultado de ello fue un grave y costoso fracaso.
Del mismo modo que lo acaecido en Vietnam, a pesar de los años, hoy las implicancias del desordenado retiro de Afganistán continúa en el foco de la crítica negativa tanto para el presidente Biden como para la credibilidad de Estados Unidos y aunque el tiempo continué su curso y los años pasen, seguramente Afganistán será la descripción del legado más trágico -en su larga lista de errores- de la política exterior de la administración Biden en la lucha contra el terrorismo.