En los últimos diez años los sistemas de armas cibernéticas de uso espacial han sido los proyectos más relevantes en materia de nuevas armas de destrucción del Siglo XXI. Estas armas pueden neutralizar tanto a satélites en órbita espacial como a sistemas y blancos terrestres interceptando datos, también pueden realizar actividades de monitoreo e inteligencia y vulnerar sistemas tecnológicos por medio de la utilización de malware que despoja el control del operador de cualquier sistema de telecomunicaciones espacial enemigo.
Las declaraciones de Vorontsov tiene todas las características para ser consideradas como una amenaza y un presagio de ampliación de las hostilidades en el uso de métodos ofensivos contra satélites espaciales civiles en el marco de la guerra de Ucrania, más aún teniendo en cuenta el ataque cibernético ruso contra satélites comerciales como ha sido el caso del ataque electrónico al KA-SAT de la compañía Viasat que dejó fuera de servicio a unas 20.000 terminales de conexión a Internet de Starlink que provee a toda Ucrania.
La noticia sobre el ataque al satélite de Viasat fue dada a conocer durante el mes de mayo por el presidente de SpaceX y actual propietario de Twitter, Elon Musk; quien indico que las centrales de Starlink con cobertura en Ucrania resistieron con moderado éxito los ataques e intentos de interferencia de la estructura rusa de guerra cibernética. De todas maneras, desde la semana pasada los ataques se han multiplicado y los esfuerzos de Moscú parecen estar dando resultados en detrimento de las comunicaciones civiles y militares en Ucrania.
Aunque la operación cibernética rusa contra Viasat, según señaló Musk no alcanzó su objetivo de forma completa y fue resistida por la infraestructura ucraniana, las acciones de Moscú han causado daños colaterales a gran escala en otros países europeos vecinos de Ucrania y el daño más importante ha sido la desactivación y bloqueo de cientos de terminales fuera de Ucrania que, entre otras funciones, brindan soporte a turbinas eólicas y distribuyen servicios de Internet a empresas privadas y ciudadanos comunes. Según un informe de inteligencia cibernética estadounidense, los ataques pudieron ser controlados parcialmente pero causaron daños a escala moderada y generaron la caída temporal de cientos de terminales europeas de internet para poblaciones civiles.
En ese marco, considerando las declaraciones de Vorontsov, se tomaron medidas de defensa ante esos ataques que fueron respaldadas por Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE); ello ocurrió ante la falta de una normativa legal amplia o un programa de contingencia para proteger a los satélites comerciales que pueden ser considerados objetivos militares o de doble uso y se tomaron varias medidas de defensa. Sin embargo, el martes pasado se ha logrado unificar un criterio entre Washington y Bruselas -que incluso China acompañaría- en referencia a considerar un blanco legítimo a satélites espaciales comerciales que ofrecen servicio tanto a la poblacion civil como con fines militares, al respecto deben considerarse ciertos presupuestos que de no ser observados implica una violación de la normativa legal que incluyen la legislacion internacional sobre telecomunicaciones, la ley espacial internacional, el Tratado del Espacio Exterior de 1967 y otros acuerdos vinculantes en relación a la responsabilidad por desechos espaciales. Este último punto, considerando la guerra de Rusia sobre Ucrania, tiene la recomendación de Naciones Unidas para la aplicación del derecho internacional humanitario a los efectos de regular el marco de beligerancia.
El derecho internacional considera que, si bien la fuerza militar se puede aplicar contra “objetivos militares” dentro de las acciones de un conflicto armado, existen dos elementos que deben ser considerados de forma sine quanon para que un blanco califique como “objetivo legal”. En primer lugar, los objetivos militares se limitan a aquellos blancos que por su naturaleza, ubicación o utilización contribuyan de forma efectiva dentro de lo que se considera como acciones militares. En segundo lugar, la destrucción, captura y/o neutralización parcial o total del blanco debe tener como objetivo proporcionar una ventaja militar definitiva dentro de las acciones de una guerra.
No obstante, en el contexto de la guerra lanzada por Rusia en Ucrania, incluso si un servicio de comunicación satelital cumpliera con estos criterios, existen reglas adicionales bajo el derecho internacional humanitario que restringen las operaciones para seleccionar objetivos. Por ejemplo, el principio de cuidado en virtud de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra y sus anexos de 1977 requiere que las partes beligerantes en ejercicio de sus operaciones militares deben observar el deber de cuidado constante para proteger a la población civil en general y a las personas y sus los bienes en particular. En relación a ello, la OTAN considera que Rusia ha violado esos preceptos de manera inequívoca y Ucrania lo ha denunciado dentro de su solicitud al Consejo de Seguridad de la CSONU para la expulsión de Rusia del órgano por sus ataques a satélites comerciales que afectaron gravemente a su población civil, ello con prescindencia de si estos tienen o no potencial uso militar; en su argumentación Ucrania alega que se trata de dar relevancia al sufrimiento de la población civil y a la carencia de servicios a la que los civiles han sido sometidos por esos ataques.
El principio de proporcionalidad también requiere que si un objetivo, como un satélite espacial comercial cuenta con naturaleza de doble uso (civil y militar), los estados beligerantes están obligados a efectuar una evaluación de la proporcionalidad antes de ejecutar una acción de fuerza militar contra él, esto también tiene su fundamento en evitar daños excesivos y sufrimiento a los civiles.
Concluyendo, los organismos internacionales creen que la guerra de Ucrania está mostrando cómo las acciones de los actores cibernéticos pueden ser nocivas para la población civil cuando se ataca los sistemas espaciales y los equipos de red. Por ello, Ucrania acusa a Rusia de no observar y violar los acuerdos de seguridad cibernética en virtud de que los ataques y los incidentes de interferencia continúan. En esa dirección, especialistas cibernéticos del Pentágono destacaron la importancia de que los gobiernos y la industria satelital haya reaccionado ante el creciente problema de la interferencia ejerciendo presión política sobre los estados que violan los tratados internacionales como lo hace Rusia al no acatar la legislación internacional en la medida que sus ataques han perjudicado a la población civil ucraniana y a países vecinos de Ucrania. Sin embargo, hasta la fecha, todas las medidas para neutralizar ese accionar del Kremlin no han tenido el éxito esperable y las actividades rusas de ciberataques -aunque con menor intensidad- continúan.
Los organismos internacionales esperan que en 2023, el derecho internacional de las actividades y operaciones espaciales militares disponga de una legislación definitiva sobre el derecho militar y de seguridad en el espacio. Además, se espera que la normativa opere como un paraguas de protección para minimizar el daño sobre las poblaciones civiles que utilizan tecnología de satelites de doble uso durante un conflicto armado.
Desde la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero pasado, Bruselas y Washignton consideran el riesgo cibernético como el mayor peligro de la actualidad para la seguridad nacional de los estados. El ciber riesgo como riesgo empresarial e imperativo de seguridad nacional fue expuesto por la Comisión de la Bolsa y Valores estadounidense que emitió un informe de incidentes cibernéticos junto a un documento de experiencia en seguridad cibernética de la junta corporativa de la Bolsa que considera proponer nuevas reglas desde principios de 2023. El subsecretario de Comercio, Don Graves, identificó la gestión del riesgo de seguridad cibernética como parte de la actividad comercial describiéndola como crítica para la seguridad económica de Estados Unidos y sus aliados. Al respecto, el pasado día martes se conocio un informe de la Junta de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para asuntos de tecnología cibernética que describió el enfoque que se aplicaría en las nuevas politicas de Washington al que se denominó como “implacable” para proteger sectores de infraestructura crítica y mejorar la seguridad cibernética.
Para Estados Unidos y la Unión Europea, la guerra de Ucrania ha mostrado la necesidad de poner el foco en uno de los peligros más severos que acechan a los estados en los conflictos modernos. Este flagelo abre la necesidad de una evaluación de la política estratégica de seguridad cibernética en todo Occidente y, al mismo tiempo, expresa la necesidad de adecuar la normativa actual para proteger las inversiones e impulsar la seguridad cibernética en la búsqueda por reforzar políticas que puedan minimizar el riesgo cibernético como un riesgo comercial y económico, pero también como un riesgo a neutralizar para fortalecer la seguridad nacional de los estados frente al narcotráfico, el terrorismo y las guerras de regímenes totalitarios.
