Algunos de mis mejores amigos, como suele decirse, son empleados vitalicios del Estado. Cuando dejen de trabajar, sus pensiones les situarán entre los jubilados de mayores recursos del país. A nivel personal, me satisface que la jubilación de mis amigos vaya a ser tan cómoda. Pero como contribuyente, sé que su buena suerte, extensible a los cientos de miles de funcionarios como ellos, no hará sino agravar una crisis política y fiscal tumefacta.
EEUU
Por todo el país, las administraciones se enfrentan a una oleada de obligaciones en forma de pensiones que no han encontrado forma de financiar. Según algunos cálculos, las obligaciones sin financiación a largo plazo de las administraciones públicas superarían los 4 billones de dólares. No hay forma de acarrear un lastre económico tan sobrecogedor sin sacrificar cada vez más servicios básicos — la seguridad pública, la educación, las carreteras y las infraestructuras — servicios que las administraciones nacen para brindar. Algunos municipios — desde Vallejo, California a Detroit, Michigan, pasando por Central Falls, Rhode Island — se han visto empujados a la quiebra por las jubilaciones imposibles de pagar prometidas a los trabajadores del sector público. Y se viene hablando en el Congreso de elaborar una opción concursal para las administraciones públicas, propuesta que ha dejado de parecer tan descabellada como sonaba en tiempos.
Se ve venir por todas partes. En San José,
informa el Washington Post, “las autovías están sembradas de socavones, las bibliotecas cierran tres días a la semana y un nutrido grupo de ludotecas municipales ha sido cedido a colectivos sin ánimo de lucro”. Se han subido los impuestos, se han recortado servicios públicos y se ha reducido de forma drástica la cifra de funcionarios municipales. Pero las prestaciones anuales por jubilación de los trabajadores del sector público siguen escalando, gracias a las generosas pensiones que enriquecen a los jubilados municipales hasta con el 90 por ciento de sus antiguos sueldos — y las sentencias que impiden que las pensiones de los funcionarios públicos sean rebajadas.
El resultado, en San José y en todo el país, es la “escandalosa injusticia” de que los contribuyentes pobres y de clase obrera se ven obligados a salir adelante con cada vez menos para que las mullidas pensiones de los jubilados del sector público, que ya engullen un porcentaje desproporcionado de los presupuestos de la administración, puedan seguir devorando una parte progresivamente mayor.
La indignación ante esa injusticia es cada vez más bipartidista, al quedar claro que
las prioridades liberales quedan al pairo sin una reforma de las pensiones. El edil de San José Chuck Reed, que está sacando adelante una enmienda constitucional a nivel estatal que dotaría a las administraciones o al votante de competencias para atajar el gasto descontrolado en las pensiones, es
Demócrata. También el alcalde de Chicago Chicago Rahm Emanuel, que dice que
su municipio se tambalea “al borde del abismo fiscal gracias a las obligaciones de nuestras pensiones”. Mismo caso del antiguo alcalde de New Bedford Scott Lang, que allá por 2009 advertía de que los fondos de pensiones y las bajas estrangulaban la capacidad de proporcionar servicios básicos del gobierno. “Es la locura”
decía al Boston Globe. “Son insostenibles”.
Ahora
un nuevo estudio del American Enterprise Institute refuerza la defensa de la reforma de las pensiones de los funcionarios — especialmente en el caso de los progres en problemas a causa de la justicia social y de las crecientes desigualdades sociales.
Andrew G. Biggs, antiguo responsable administrativo en funciones de la Agencia de la Seguridad Social, se lleva por delante la acusación vertida de forma rutinaria por los sindicatos de funcionarios que dicen que las pensiones de los funcionarios son en realidad muy modestas. Es fácil dar la impresión de que la pensión media del empleado del gobierno es irrisoria, escribe, incluyendo los pagos a los beneficiarios de la tercera edad que abandonaron hace mucho la nómina del Estado, o de los trabajadores interinos que sólo perciben una pensión minúscula a cuenta de su paso por el Estado.
Pero haga usted hincapié en las pensiones de los funcionarios vitalicios que se jubilan ahora, y queda claro que los trabajadores del sector público, aun jubilados, tienden a estar realmente bien pagados.
En el estado medio, el funcionario público de calificación intermedia recibe una pensión media y una renta de la seguridad social por encima del 72 por ciento del empleado a jornada completa de ese estado, calcula Biggs. La cifra es inferior en algunos estados, Massachusetts incluido (el 45 por ciento); en otros, como Pennsylvania (87 por ciento) u Oregón (90 por ciento) está muy por encima. Tenga presente que estas sumas no incluyen las prestaciones sanitarias, que de forma típica disparan la renta del jubilado miles de dólares.
¿Y por cuánto sale exactamente la pensión de un funcionario de carrera? En el estado medio, esa prestación vitalicia por jubilación — de nuevo, sin incluir la cobertura sanitaria — tiene un valor actual de 768.940 dólares. En muchos estados salen todavía más caras — 848.735 dólares en Massachusetts, por ejemplo, y en Nevada más de 1,3 millones de dólares.
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