En un escrito al que ha tenido acceso la agencia de noticias Europa Press, los dos piratas somalíes detenidos en España para ser juzgados por el secuestro del atunero “Alakarana” (Cabdullahi Cabdiwily, alias “Abdu Willy”, y Raageggesey Hassan Ají) han renunciado a sus abogados. Ambos han remitido la carta a la Audiencia Nacional antes de que se celebre la primera vista del juicio.

 

De acuerdo con fuentes cercanas, la explicación que los dos somalíes han dado es que no quieren ser representados por ningún abogado. Sin embargo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que preside la magistrada Angela Murillo, ha solicitado a los dos procesados que nombren a un nuevo abogado en un plazo de tres días ya que, de no hacerlo, se les nombrará uno de oficio.

 

La carta fue escrita por una sola persona, a mano y caligrafía titubeante porque mezcla mayúsculas y minúsculas. En un mal castellano dicen: “Renuncio como abogado definsona (sic) a Francisco Javier Díaz Aparicio”.

 

Ese abogado saltó a la fama durante la instrucción llevada a cabo por el juez Santiago Pedraz porque solicitó que su cliente, “Abdu Willy”, fuera expulsado bajo la Ley de Extranjería. También pidió pruebas que demostraran que fue detenido en aguas de Somalia o que el atunero no navegaba bajo pabellón español por tener izada una “ikuriña”.

 

Raageggesey Hassan Haji, por su parte, estaba representado por la abogada de oficio Begoña Castro Jover, quien rechazó solicitar la práctica de pruebas durante la investigación llevada a cabo por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número Uno y se mantuvo en un segundo plano.

 

De acuerdo con la agencia de noticias Europa Press, Pedraz remitió el pasado 17 de noviembre la causa a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para que proceda al enjuiciamiento de los dos presuntos corsarios, que no se producirá hasta el próximo año 2010. El instructor mantiene, no obstante, una causa abierta en el marco de la que interrogó en Gernika (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra) a los dieciséis marineros españoles que fueron secuestrados.

 

Pedraz, añade la agencia, también tiene abierta una pieza separada y secreta por la que investiga la participación de los bufetes de abogados de Londres (Gran Bretaña) y otros países que pudieran haber intermediado en el pago del rescate que permitió que los marineros fueran liberados el pasado 17 de noviembre tras 47 días de secuestro.