Tras casi dos años de litigio, un tribunal ha aprobado el acuerdo al que llegó la compañía de Gates con el Gobierno. Queda ver cómo reaccionan sus competidores.

UN TRIBUNAL FEDERAL FALLA A SU FAVOR
Un tribunal federal de apelaciones estadounidense acaba de dar el visto bueno al acuerdo antimonopolio que Microsoft alcanzó en el año 2002 con el Departamento de Justicia estadounidense. Según el Tribunal de Apelaciones de Washington, este acuerdo fue el mejor en interés del público.

El Estado de Massachusetts argumentaba que el acuerdo no impediría que Microsoft continuase integrando sus productos en el sistema operativo Windows, cosa que actualmente sigue pasando, y consideraba que las sanciones eran demasiado leves.

El fallo constituye un hito en este juicio antimonopolio tan prolongado. Una orden judicial de introducir cambios en el programa Windows de Microsoft hubiera repercutido en hogares, empresas y gobiernos, ya que sus productos hacen funcionar más del 95 por ciento de los ordenadores personales de todo el mundo.

El asunto central ante la corte de apelaciones era en qué medida los jueces debían someterse al acuerdo negociado por el gobierno del presidente George W. Bush y los abogados de Microsoft.

Ese acuerdo, aprobado en noviembre de 2002 por la jueza Colleen Kollar-Kotelly, apuntaba a dar a los consumidores una mayor variedad de elección al permitir, entre otras cosas, que los competidores desarrollaran sus propios programas capaces de funcionar con Windows. Las disposiciones rigen hasta el 2007.

El juez y los abogados del Departamento de Justicia han reconocido que una de las disposiciones centrales del acuerdo, la que obliga a Microsoft a vender a sus rivales licencias para usar una parte de su tecnología, no está funcionando.

Pero la corte de apelaciones no podía tener en cuenta esa información porque esas revelaciones se produjeron después que los jueces de apelaciones escucharon testimonios orales a principios de noviembre.

Massachussets, el único estado que seguía insistiendo en aplicar sanciones más duras, argumentó que el acuerdo era tan defectuoso que representaba un abuso de los poderes discrecionales del juez.