Representantes de las organizaciones no gubernamentales venezolanas Provea yEspacio Público denunciaron al presidente de la Asamblea Nacional del país, Diosdado Cabello, ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo por la interceptación y divulgación de sus comunicaciones privadas. Esperan que el Ministerio Público responda la solicitud en un lapso no mayor a 15 días.
 

La denuncia surgió luego de que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana difundiera el pasado 13 de mayo, a través de su programa de televisiónCon el Mazo Dando, el contenido de correos electrónicos enviados entre los miembros de dichas instituciones; en los cuales se hacía referencia a algunas actividades de organizaciones de derechos humanos de carácter.

En su denuncia, las ONG solicitaron esclarecer si existe una investigación en contra de ellos que permita a un tribunal la intervención de las comunicaciones: “Si no existe una orden para interferir las comunicaciones de Provea y Espacio Público, solicitamos el inicio de una investigación contra el ciudadano Diosdado Cabello, por la violación del artículo 48 de la Constitución”, señalaron.
 

PanAm Post contactó a Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea, quien denunció que el presidente de la Asamblea Nacional interceptó y divulgó de forma ilegal las conversaciones que tenían que ver con una gira por los países del Mercosur, realizada por el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, y Carlos Correa, de la organización Espacio Público, con el propósito de “estrechar vínculos con organizaciones de derechos humanos de la región”.
 

Rodríguez aseguró que solo era posible tener acceso a estas comunicaciones a través de los correos electrónicos internos de ambas organizaciones. Sin embargo, Cabello las hizo públicas. El representante de la ONG condenó la actitud del parlamentario oficialista de asumir una conducta de descalificación y hostigamiento contra las organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela.
 

Mencionó que “las distintas relatorías, tanto del sistema de Naciones Unidas, como el sistema interamericano de protección de derechos humanos, están enteradas sobre esta situación”. Instó también al defensor del pueblo, Tarek William Saab, a que se pronuncie sobre los hechos.
 

Jose Vicente Haro, abogado constitucionalista y defensor de derechos humanos en Venezuela, afirmó a PanAm Post que Diosdado Cabello incurrió en un delito “debido a que él no es quien puede interceptar comunicaciones y menos difundirlas”.

Haro reiteró que las leyes en Venezuela permiten que está acción se haga, solamente con la orden de un juzgado, con motivo de una causa de investigación penal. Advirtió que además debe existir una motivación, o la solicitud del Ministerio Público, con una explicación de por qué debe hacerse.
 

“Ni un diputado a la Asamblea Nacional ni un periodista, pueden incurrir en lo que es la interceptación de comunicaciones, y mucho menos pueden publicarlas. En caso de existir una orden judicial, estas grabaciones deben ser llevadas al expediente, al tribunal y al proceso por ser parte de una investigación criminal. Los audios, correos o videos no pueden exponerse ni ventilarse públicamente”, sentenció el abogado.
 

El especialista explicó que la inmunidad parlamentaria con la que cuentan los diputados de la AN no les permite a los diputados violar la Constitución, ni realizar espionaje.
 

“Es solamente el Ministerio Público a través de los órganos de investigación penal, la policía que se designe a tal efecto, y el tribunal correspondiente, los que pueden interceptar una comunicación, previa autorización judicial”; afirmó Haro.
 

Con respecto a las sanciones que se le puede aplicar a quienes incurren en la comisión de este delito, el abogado explicó que depende de las acciones judiciales que ejerzan los afectados. En caso de que se trate de acciones penales, la sanción podría ser prisión.
 

Agregó que en el caso de un diputado, los afectados deben solicitar al Ministerio Público una investigación, ese organismo debe evaluar si se cometió delito o no, y luego solicitar al Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito que lo despoje de su investidura para que se someta a la justicia ordinaria.
 

Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, precisó que en los últimos meses han documentado violaciones de las comunicaciones privadas de más de 40 defensores de derechos humanos y periodistas, con el propósito de intimidar.
 

Mariengracia Chirinos, directora de libertades informativas del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys), dijo a PanAm Post que esa organización hizo un estudio sobre los comentarios emitidos por Diosdado Cabello en su programa, en el período del 3 de octubre al 3 de diciembre de 2014, cuyo resultado fue que 165 personas y organizaciones resultaron afectadas por “un discurso agresivo y una política de criminalización”.
 

Entre enero y mayo de 2015, Cabello recrudeció su discurso, afectando directamente a 10 personas y organizaciones.

 

Chirinos criticó el programa “Con el mazo dando”, debido a que Cabello utiliza ese medio para realizar señalamientos arbitrarios contra disidentes, militantes de partidos políticos, activistas sociales, miembros de ONG y periodistas.
 

El presidente de la Asamblea Nacional obtiene la ayuda de “patriotas cooperantes” — informantes chavistas— que ofrecen datos, muchos de ellos privados, en el segmento del programa “Los Mazazos”.
 

La representante del Ipys considera que hay amenazas  recurrentes de Diosdado Cabello, que se convierten en órdenes o implicaciones directas contra las personas que nombra. Hizo referencia al caso de la visita de Mónica Villamizar, corresponsal de Al Jazeera, quien fue señalada por el presidente de la AN venezolana, como como una espía nortemaricana, lo que obligó a la reportera a salir del país, luego de que el diputado expusiera, durante su programa, detalles de su identidad y movimientos en Caracas.
 

Hizo referencia también a la demanda que realizó a los directivos de medios de comunicación en Venezuela. Durante su programa, Cabello dijo que “probablemente el ente judicial les prohibiría la salida del país”, y un par de días después su petición se concretó.
 

Cabello activó una acción judicial contra 22 directivos de medios privados, bajo el argumento de que fue desprestigiado. Sin embargo, en su programa transmitido diariamente por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), enfila acusaciones que no son corroboradas, ni responden a investigaciones previas.