Ante el retraso en el pago de la bonificación, cientos de efectivos del Ejército y de la Infantería de Marina amenazaron con renunciar, lo que hubiera colocado en riesgo la ofensiva del Gobierno contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según fuentes de seguridad. El ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo que para el Gobierno es prioritario el bienestar de los efectivos de las Fuerzas Militares que mantienen una ofensiva contra la guerrilla narcoterrorista, otros grupos armados ilegales y el narcotráfico.

 

“Los recursos necesarios para darle continuidad a este subsidio procederán, primordialmente, según lo dispuesto por el Ministerio de Defensa, del aplazamiento en la adquisición de tanques de guerra”, aseguró el funcionario a periodistas. “Con esta decisión, se ratifica la política de darle prioridad al bienestar de los soldados y de sus familias, sobre otras prioridades”, explicó. Silva aclaró que la compra de los tanques no se suspenderá y que pese al aplazamiento se buscarán los recursos para una futura adquisición destinada a garantizar la seguridad interna del país y no a una carrera armamentista.

 

“Esto es un aplazamiento que corresponde a las prioridades y a la doctrina que tenemos, pero no quiere decir que renunciamos a la estrategia y a la política de abandonar nuestras capacidades disuasivas dentro de los límites más estrictos y rigurosos de Colombia, que a diferencia de otros países no hace parte de la carrera armamentista”, aseguró. Las Fuerzas Armadas de Colombia cuentan en la actualidad con más de 438.000 efectivos, la mayoría incorporada al Ejército que persigue a los terroristas en apartadas zonas montañosas y selváticas y a la Policía Nacional, encargada de garantizar la seguridad en las ciudades.