Francisco Javier Díaz Aparicio, abogado defensor del pirata “Abdu Willy”, ha solicitado que a su cliente le sea retirada la imputación de asociación ilícita para que, en cumplimiento de la Ley de Extranjería, pueda ser expulsado de España. Esa maniobra judicial facilitaría la liberación del atunero “Alakrana”, que permanece secuestrado frente a las costas de Somalia.
Posible solución a la crisis del “Alakrana”
En un escrito registrado ante el Juzgado Central de Instrucción Número 1, el abogado del pirata Cabduwelly Cabdullahi, alias “Abdu Willy”, Francisco Javier Díaz Aparicio, solicita al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que retire la imputación por asociación ilícita que pesa contra su cliente.
Si el magistrado accede, “Abdu Willy” se enfrentaría a penas que no superan los seis años y, en cumplimiento con la Ley de Extranjería, podría ser expulsado de España. El letrado pide al juez que fije “los hechos objeto de la imputación” y que las diligencias sean tramitadas como procedimiento abreviado. Esa circunstancia conllevaría una pena inferior a nueve años de cárcel.
“Abdu Willy” y su compañero Raageggesey Hassan Ají están imputados por 36 delitos de detención ilegal, asociación ilícita y robo con violencia y uso de armas.
En su solicitud, Díaz Aparicio recuerda que fue el juez Baltasar Garzón, que sustituía a Pedraz al comienzo de la instrucción, y no la Fiscalía quien le acusó del delito de asociación ilícita. Además, indica que la Sala de lo Penal excluyó el delito de robo con violencia y uso de armas en el auto por el que declaró competente de la instrucción a este juez al considerar que “Abdu Willy” era mayor de edad.
Además, defiende que la Audiencia Nacional no puede asumir la causa por un delito de asociación ilícita “ni en base al principio de justicia universal”, que “sólo es aplicable a los delitos en taxativamente expresados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)”, ni por “aplicación del principio de soberanía”.
Aunque no lo refleja en su petición, Díaz Aparicio defiende que su cliente podría ser expulsado de España en el plazo de tres días en virtud del artículo 57.7A de la Ley de Extranjería, que prevé que el fiscal pueda proponer la expulsión de un encausado previa conformidad con la defensa en el caso de que se le atribuyan delitos que no superen los seis años de cárcel.
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