Cuatro partidos opositores presentaron este martes un proyecto de Ley para anular la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema nicaragüense que permite que Daniel Ortega se presente a la reelección como Presidente del país. El fallo judicial fue posible mediante una serie de engaños y tretas, incluido un apagón, que evitaron que pudieran participar magistrados no afines al mandatario.
Auspiciado por cuatro partidos
El proyecto de “Ley que Deroga el Contenido Legislativo de la Sentencia 504” fue presentado por varios diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y de la Alianza Liberal Nicaragüense, según informa el diario La Prensa. Los miembros del legislativo han solicitado la celebración de una reunión urgente de la Junta Directiva del Parlamento con el objetivo de que tramite de inmediato la propuesta de ley para su posterior discusión en sesión plenaria.
La oposición denuncia que el fallo de la Corte Suprema es ilegal y sólo persigue perpetuar a Ortega en el poder, después de que el gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional no obtuviera el suficiente respaldo mayoritario para modificar el artículo de la Constitución que prohíbe la reelección continua de presidentes vía parlamentaria.
A través de un proceso lleno de trampas y de forma irregularmente rápida, la Corte Suprema falló a favor de la reelección continua de los presidentes en el país –tras un recurso de amparo presentado por el propio Ortega en un momento en que legalmente no podía hacerlo– al considerar que prohibir la posibilidad de reelección presidencial pero aceptar la reelección indefinida de los diputados es una “violación al derecho de la igualdad ante la ley”.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) del país consideró que la resolución de la Corte Suprema “ya quedó escrito en piedra” dado que tiene competencias para declarar “inaplicable” el artículo de la Constitución que prohíbe dicha reelección contínua, explicó a la prensa el portavoz del organismo, Roberto Rivas.
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