Estas medidas, según la oposición y los principales medios privados de comunicación, favorecen de manera clara al grupo de comunicación afín al Gobierno, el Grupo Prisa. En España, según informaciones publicadas esta semana, la posición sostenida por el grupo, sobre todo la Cadena Ser y el diario El País, después de los atentados del 11 de marzo en Madrid, fue determinante para que José Luis Rodríguez Zapatero alcanzara la presidencia del gobierno.

Por la reforma de la Ley audiovisual

En una entrevista con Radio
Nacional de España, Zapatero se mostró sorprendido de que, desde teóricas
posiciones a favor de la libre competencia, se critique abrir el espectro
televisivo. El presidente recordó que entre sus compromisos electorales se
encuentra la renovación e independencia de los medios de comunicación públicos y
una mayor pluralidad en los medios de carácter privado, para que haya, dijo,
´más voces, más televisiones´.

 

Para
el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy la verdadera apuesta por el
pluralismo informativo es el desarrollo de la TDT y opinó que no es una buena
decisión abrir más canales analógicos porque iría en sentido contrario a lo que
se hace en la UE y retrasaría la digitalización ´sabe Dios hasta cuándo´.
Consideró una ´vergüenza´ el intento del PSOE de tramitar el proyecto de ley por
la vía de urgencia y recordó que hay grupos de comunicación que tienen
adjudicados canales de televisión digital que no
funcionan.

 

Por
su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, rechazó que el Ejecutivo pretenda beneficiar a algún grupo de comunicación
con el proyecto de ley de la TDT porque no tiene ´hipotecas´ con ninguno, y no
descartó que Canal + pueda emitir en abierto.

Historia de la polémica

El pasado 4 de febrero el
Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley para el impulso de la televisión
digital terrestre, la liberalización de la televisión por cable y el fomento del
pluralismo, que incluía la novedad de una modificación de la ley de Ordenación
de las Telecomunicaciones para introducir nuevos límites a la concentración de
concesiones de radio, tanto analógica como digital.

La nueva legislación,
además, adelanta dos años, hasta 2010, la obligación de emitir en digital,
liberaliza las emisiones por cable y elimina los límites de actuación de las
empresas. También reordena el sector de la televisión local.

El texto
aprobado hace tres semanas también incluía una prórroga en el plazo máximo para
adjudicar las nuevas licencias de televisión local por parte de las comunidades
autónomas, y reduce a cuatro meses la obligación de dejar de emitir a las
televisiones sin licencia.

Respecto a la radiodifusión, el Gobierno
decidió modificar también los requisitos de las concesiones de radio en
Frecuencia Modulada y con estos cambios, una empresa no podrá disponer de más
del 50% de concesiones que coincidan en su ámbito de cobertura, ni más de cinco
concesiones en ese mismo ámbito.

Estas medidas, según la oposición y los
principales medios privados de comunicación, favorecen de manera clara al
grupo de comunicación afín al Gobierno, el Grupo Prisa. En España,
según informaciones publicadas esta semana, la posición sostenida
por el grupo, sobre todo la Cadena Ser y el diario El País, después de los
atentados del 11 de marzo en Madrid, fue determinante para que  José
Luis Rodríguez Zapatero alcanzara la presidencia del gobierno.

Novedades de la ley

Estas son las principales
novedades que ofrece la normativa aprobada por el Gobierno:

Adelanto de
dos años en la fecha límite del periodo de transición a la televisión digital
terrestre. El apagón analógico se efectuará a principios de 2010, en lugar de el
1 de enero de 2012. Lanzamiento de televisiones locales desde diciembre de 2005
y estatales digitales desde otoño de 2005.

Acuerdo con el sector
audiovisual para poner en marcha un plan de despliegue de antenas colectivas
digitales y equipamiento de receptores y televisores con nueva tecnología.
Reparto del espectro audiovisual que ha dejado libre Quiero TV, que equivale a
catorce nuevos canales digitales.

Adelantar desde diciembre de 2009 al
verano de 2005 el plan de liberalización de la difusión de radio y televisión
por cable, lo que permitirá la aparición de nuevos operadores de cable además de
Auna, ONO y los tres independientes, ahora repartidos por demarcaciones.


Eliminación del límite máximo de tres concesiones de televisión de
ámbito nacional. Esta modificación deja la puerta abierta a la concesión de
nuevos canales analógicos, que competirían con Antena 3 y Telecinco.


Modificación de las limitaciones de actuación de las radios en
Frecuencia Modulada.

Una de las primeras señales de alerta ante estas
medidas la dio Onda Cero cuando afirmó sin tapujos que, en lo relativo a la
radiodifusión, la nueva legislación “sólo pretende favorecer los intereses de
Prisa y la Cadena Ser. Sin embargo había más puntos controvertidos ya que en el
impulso de la televisión digital terrestre (TDT) también se ve un intento de
permitir a Canal + (también del Grupo Prisa, por supuesto) emitir en abierto,
con lo que eso puede significar en el reparto de la publicidad.

De esta
manera, desde el Partido Popular, en concreto su secretario ejecutivo de
Comunicación, Gabriel Elorriaga, afirmó que “es completamente imposible desde el
punto de vista técnico abrir nuevas frecuencias en analógico en un plazo
inferior a dos años, y el Gobierno lo sabe. Lo que está haciendo el Gobierno es
disfrazar de pluralismo el evidente intento de que Canal + emita en abierto”.


No podrá ser “urgente”

Además, lo
que también “mosquea” a los medios que no están entre los favoritos del Gobierno
es que el Ejecutivo pretenda que su política audiovisual se tramite por vía de
urgencia. No obstante, a tenor de lo que pasó el pasado lunes 15 en el Congreso
será imposible ya que tanto el PP como CiU y el Grupo Mixto impidieron en la
Mesa del Congreso que sea este el procedimiento que siga la Ley.

Los
populares consideraron su posición argumentando que hay que consensuar las
medidas con el sector, la oposición y las comunidades autónomas, para lo que se
necesita tiempo. Para Eduardo Zaplana, portavoz del PP, “es difícil poder abogar
por un consenso con el sector, o un consenso en la Cámara con los grupos
políticos, y sin embargo, pedir la tramitación de urgencia, por mucho que se
quiera destacar la necesidad de favorecer el proceso de digitalización con el
que estamos todos absolutamente de acuerdo”.

Zaplana recordó que su
grupo no tiene inconveniente en agilizar los plazos pero considera fundamental
que la ley se geste por el procedimiento ordinario y con diálogo sincero entre
grupos y operadores del sector.

Por su parte, el líder de la oposición,
Mariano Rajoy, se felicitó desde Bruselas del cambio al procedimiento ordinario
y consideró que “detrás de la prisa de Zapatero, sólo puede haber un interés
partidista”.

Los socialistas, sin embargo, pese a haber salido
vapuleados de este primer intento de hacer de su capa un sayo con los medios de
comunicación, ya han avisado que el Gobierno volverá a solicitar la vía de
urgencia en el Senado, donde es automático.

La
moción del PP

Ante esto, el PP no se duerme y ha presentado una
moción sobre la TDT y su futura implantación que se debatirá el próximo martes
en el Congreso. La moción insta al Ejecutivo a poner en marcha un proceso de
negociación profundo y transparente, que se oriente hacia la modernización
tecnológica y al incremento del pluralismo.

Con ello el Partido Popular
pretende evitar la concesión de nuevos canales de televisión analógica por parte
del gobierno, que ha dejado abierta esta posibilidad en múltiples declaraciones
tanto del ministro de Industria, José Montilla, como de la vicepresidente
primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Todos, menos PRISA

Los principales grupos de
comunicación españoles, mediante una rueda de prensa, coincidieron en protestar
contra lo que ellos definieron “el favoritismo y la indefinición del Gobierno
ante el futuro del sector”.

Estuvieron presentes los representantes de
Recoletos, Vocento, El Mundo, La Razón, ABC, Antena 3, Telecinco, Onda Cero,
COPE y Punto Radio y expresaron, entre otras preocupaciones, el futuro de la
televisión pública a la espera del informe del comité de sabios; la concesión a
Canal + de una autorización para emitir en abierto; y la ampliación del límite
de televisiones analógicas y de licencias de radio en manos de un medio en una
misma localidad. Medidas que, han afirmado los medios privados, “benefician a un
único grupo de comunicación considerado afín a sus intereses”.

¿Y las promesas de cuando eran oposición?


Además, lo que preocupa seriamente a los responsables de la casi
totalidad de los medios de comunicación privados españoles es la contradicción
flagrante entre las líneas de actuación del programa electoral del PSOE y sus
primeras actuaciones como Gobierno.

Desde la oposición, los actuales
mandatarios se comprometieron a resolver el problema de medios públicos como
RTVE o EFE y a contar con el consenso del sector. Sin embargo, su primera media,
antes de conocerse cualquier solución sobre los medios controlados por el
Estados, se dio a conocer un 30 de diciembre, en el último Consejo de Ministros
del año.

Lo más inquietante es que el Gobierno, al no manifestar sus
intenciones con claridad, genera desconcierto y alarma en las empresas del
sector. Hasta el momento, el Ejecutivo ha eludido negar de forma tajante que
esté dispuesto a conceder a Canal + una autorización para emitir en abierto. Una
duda que debería despejar cuanto antes si quiere evitar que sus decisiones sobre
el sector de medios sean entendidas como actos de amiguismo con un grupo de
comunicación concreto.

Y para abundar en la falta de seriedad, un
momento antes de enviar el proyecto a las Cortes se agrega un artículo que eleva
el límite de licencias de radio que puede agrupar un medio en una misma
localidad, también sin una necesidad aparente más que la de favorecer a un grupo
de comunicación que tuvo problemas judiciales en el pasado por su elevada
concentración de frecuencias.

La reacción de
Montilla

Ante este despliegue de “verdades” el primero en
reaccionar ha sido el ministro de Industria, José Montilla, que se dedicó a
criticar la acción de los medios al considerar que “sólo se quejan porque no
quieren repartir la tarta publicitaria”. A su parecer, la competencia es
positiva para el sector y que serán los espectadores los que decidirán si una
determinada cadena “tiene audiencia o no la tiene” y si genera o no ingresos
publicitarios.

Por supuesto, el ministro tampoco pudo dejar de acordarse
de la falta de apoyo del PP y CiU a su “plan para unos pocos” y cree que su
negativa a que la ley se tramite por vía de urgencia está relacionada con “el
poso que ha dejado apoyar al Gobierno popular durante ocho años”. Además, el
ministro acusó a este partido de plegarse “a determinados intereses de una parte
del sector”.