El líder del PP, Mariano Rajoy, ha exigido al Ministerio del Interior que aclare si el “chivatazo” a terroristas de ETA se realizó con el conocimiento del Gobierno. Los ciudadanos, dijo, tienen “derecho a saber qué ocurrió ahí”.
“No negociar”, es la línea correcta
En una entrevista concedida a la cadena SER, el presidente nacional del Partido Popular (PP, el principal en la oposición), aplaudió que el Gobierno socialista haya cambiado la política antiterrorista que mantenía en la pasada legislatura. “No negociar con ETA es la línea correcta”, afirmó tras señalar que las últimas detenciones y operativos exitosos contra la banda terrorista evidencian que se está haciendo “lo correcto”.
Sin embargo, Rajoy subrayó que en temas como el “chivatzo” a ETA por parte de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el proceso de negociación, el PP “discrepa absolutamente” del Gobierno. Justamente, recalcó que en el llamado “caso Faisán” la ciudadanía tiene “derecho a saber qué ocurrió ahí”. Lamentó que ese caso tan grave lleve “años en el secreto del sumario, que está en el juzgado de un conocido juez (Baltasar Garzón) y ahí queremos explicaciones”.
Preguntado si considera que el “chivatazo” a ETA se hizo con conocimiento del Gobierno, respondió: “Tengo la convicción vista cuál es la actuación del Gobierno y algunas cosas que se han publicado en los últimos tiempos y que, por cierto, nadie ha desmentido”. Agregó que su partido se ha persona en esa causa porque insiste en que es necesario que se “sepa la verdad”.
Respecto a las acusaciones que en verano pasado miembros de su partido lanzaron por espionaje, recordó que existe una denuncia ante los tribunales que “todavía no ha sido archivada”. Así, subrayó que “esperamos ser citados y defender allí nuestra posiciones”. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha sido citada para febrero por un juez para que ratifique o se retracte de esas acusaciones.
El dirigente del PP recordó que en los últimos meses su partido ha sacado ante la opinión pública el debate del sistema de interceptación de las telecomunicaciones (Sitel), que permite a las fuerzas de seguridad “pinchar” comunicaciones sin una previa orden judicial. Ese tipo de instrumentos, destacó, “afectan a derechos fundamentales, hay que ser muy cuidadoso y explicar muy bien las cosas”.
Por ello, defendió que el Sitel se regule por una ley orgánica al afectar derechos fundamentales. “Hay que legislar con mucho cuidado y lo que no se puede es dar palos de ciego, tirar para adelante o echar la culpa de todo lo que pasa a los demás”, subrayó.
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