Siendo secretario británico de comercio, Vince Cable dejó claro en aquella época que la idea de la prohibición era marcarse un tanto moral. “Esta maniobra subraya la oposición moral de esta administración y la mía propia a la pena capital en toda circunstancia”, manifestó. El efecto práctico, sin embargo, ha consistido en empujar a los estados que imponen la pena capital a inventar nuevos protocolos de inyección letal, de grotesco resultado en ocasiones.

Muchos estadounidenses dirán que la prolongada defunción de Lockett  era lo que se merecía por el violento asesinato de Stephanie Neiman, de 18 años de edad, en 1999. Pero la justicia para las víctimas del crimen no es lo que tienen en mente los europeos. Ellos solamente quieren poner de manifiesto su rechazo a la pena capital. Negarse a vender las medicinas que pueden hacer de la inyección letal la forma más humana de ejecución mejora su imagen pública. También transformó la muerte de Lockett de acto fulminante de eutanasia en un trance doloroso y retorcido que acabó finalmente con un infarto tras más de 40 minutos.

Hay una moraleja en esto relativa a  los efectos secundarios de los boicots económicos que los partidarios del movimiento de liquidación de activos relacionados con combustibles fósiles harían bien en contemplar.

En campus universitarios de todo el país, los activistas vienen instando a los responsables a adoptar políticas de inversión “sin combustibles fósiles” y peinar sus carteras económicas de acciones del carbón, el petróleo y el gas.

La pasada semana, la de Stanford se convertía en la primera universidad importante en unirse al boicot, anunciando sus intenciones de dejar de invertir en “empresas cuya principal línea de beneficio sea la minería del carbón”. Aunque la cartera de Stanford, con 19.000 millones de dólares, es importante, su inversión real en activos del carbón es mínima. Sacarlos a la venta no tendrá ningún impacto económico real sobre la universidad ni sobre las empresas. Pero se adopta una postura moral, y se suma a la presión para que las demás universidades hagan lo propio.

El principal objetivo del movimiento de liquidaciones es Harvard, con su cartera de 32.000 millones de dólares y su desproporcionada reputación. Un colectivo estudiantil, Divest Harvard, impedía hace poco el acceso a Massachusetts Hall, el principal edificio de administración del centro, como parte de una campaña para presionar a la universidad para deshacerse de sus inversiones en combustibles fósiles. Hasta la fecha el centro se ha negado, con el motivo de que el objetivo de la cartera es obtener los ingresos en los que se apoyan muchas prioridades de Harvard, y que “prohibir inversiones en un sector integral y relevante de la economía global… acarrearía una factura económica importante”.

Bloquear el acceso al edificio de administración puede parecer desobediencia civil en aras de una causa digna; los estudiantes que reclaman la liquidación de activos de hidrocarburos pueden estar convencidos de estar de parte de los buenos. ¿Estarán lo bastante convencidos para exponerse a los efectos secundarios de una cartera de inversión menos nutrida? ¿Como menos ayudas económicas con las que Harvard subvenciona al 70 por ciento de sus estudiantes?

No hay que ser un inversor especialmente diestro para darse cuenta que la inversión ideológica no va a mejorar tus posiciones de inversión, las barre.  Saque usted a la venta sus rentables acciones en combustibles fósiles para poner de manifiesto su preocupación por el cambio climático, y probablemente se vea acosado por inversores menos preocupados por la cuestión que usted. “Es como creer que la pornografía es diabólica”, escribe el economista canadiense Todd Hirsch, “y ponerse a vender su reserva de revistas de desnudos al vecino adolescente”.

Valerse de armas económicas en aras de objetivos ideológicos produce con mucha frecuencia efectos secundarios indeseables. La Ley Seca tuvo un amplio abanico de efectos nocivos a los que sus promotores nunca se anticiparon, desde una ola de quiebras hosteleras a la destrucción de miles de puestos de trabajo obreros, pasando por la proliferación de la corrupción y la delincuencia organizada.

Estigmatizar a los combustibles fósiles y a las empresas que los extraen es estigmatizar a la energía con la que funciona el mundo moderno. Es echarse flores, la hipocresía de unos activistas deseosos de marcarse un noble tanto sin pagar ningún precio real. De salirse con la suya, los efectos serían ruinosos, para los seres humanos más pobres del planeta más que nadie, en medio todavía de la pobreza económica y de toda la miseria que ello entraña. Un futuro “sin combustibles fósiles” es una quimera, en nuestra época al menos, y la campaña de liquidación de activos no va a mejorar las cosas simulando lo contrario. No se sorprenda si las cosas empeoran.